A través de un proyecto de ley, la Legislatura propone que Tierra del Fuego se adhiera a la Ley Nacional 27.159, denominada de "muerte súbita".

La normativa regula un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público "a fin de reducir la mortalidad súbita de origen cardiovascular".

Para ello, la ley nacional estipula la instalación de desfibriladores externos automáticos (DEA).

Entre los argumentos del proyecto -impulsado por el MPF- para la adhesión se menciona que "la mayoría de las personas pueden ser salvadas del paro cardíaco cuando se manifiesta como taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular", y que "la desfibrilación eléctrica es la terapia más importante en estos pacientes", por lo que "las oportunidades más siginificativas y los excelentes resultados" se advierten cuando se utiliza un desfibrilador externo automático (DEA).

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la provincia, quien deberá coordinar su práctiva en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA) y el Consejo Federal de Educación (CFE).

Estadísticas

Según datos de la Fundación Cardiológica, en Argentina se producen alrededor de 40.000 muertes súbitas al año y el 70% se ocasionan fuera de los hospitales - en el hogar, en el trabajo, en clubes, en los campos de juegos deportivos, en lugares públicos e incluso en la calle-. Esta situación ubica a la comunidad no-médica en la primera encargada de atender un episodio de esta naturaleza. La muerte súbita puede ocurrir a cualquier edad y puede estar relacionada, o no, con una actividad física o deportiva.

Aplicar RCP y desfibrilación dentro del 3 primeros minutos de ocurrido el evento, aumenta las posibilidades de llegar con vida a un hospital en un 79%. Pero, por cada minuto que se demora la aplicación de estas medidas, se reducen en 10% las posibilidades de continuar con vida.

La Ley Nacional Nº 27.159, aún sin reglamentar, exige la instalación de DEAs en los espacios públicos y privados de acceso público de manera tal que una persona que sufra un paro cardíaco súbito reciba el tratamiento adecuado, es decir la desfibrilación.