A través de un comunicado, los colegios públicos de abogados de Ushuaia y Río Grande exigieron al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que se adopten una serie de medidas para garantizar el normal ejercicio de sus profesiones, asegurando que existe una "alarmante precariedad de la administración de justicia".

Acompañada por más de cien firmas, los letrados consideran que "ante la insostenible situación de alarmante precariedad de la administración de justicia que se vive en la provincia, nos vemos en la necesidad de exigirles la inmediata rehabilitación del servicio de justicia sin asignación de turnos ni la adopción de otras medidas que restrinjan la actividad y el ejercicio de la abogacía a excepción del irrestricto cumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de los profesionales, agentes judiciales, funcionarios y magistrados".

Asimismo, solicitaron la "suspensión de la feria invernal ordinaria de manera que se permita la recuperación pronta de plazos y actos procesales que han caído dentro de la feria extraordinaria".

Por último, reclaman por la "inmediata adquisición y puesta en funcionamiento de un sistema digital de gestión de expedientes auditable tanto sistémica como informáticamente, tal y como los que ya se encuentran funcionando en diversas jurisdicciones del país entre las que mencionamos la provincia de Mendoza y el sistema Lex 100 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

"Más de cinco años de prueba y error entendemos que han sido más que suficientes. Resulta evidente que hoy no contamos con esta imprescindible herramienta", reprochan. 

Los abogados remarcaron que "hace más de sesenta días que la ciudadanía –sin causa razonable que legitime esta inaceptable situación- se encuentra impedida de acceder, a través de la abogacía, a un servicio de justicia integral y eficiente a pesar de los reclamos que los Colegios de Abogados de las distintas jurisdicciones, han realizado al respecto". 

"Más allá de sucesivas prórrogas de feria extraordinaria no hemos visto que la administración de justicia haya adoptado medida cierta alguna tendiente al pronto restablecimiento del servicio", criticaron. 

Y enfatizaron: "No seremos las abogadas y abogados quienes dejemos de asumir el juramento que prestamos al matricularnos porque es nuestra función como auxiliares de justicia honrar  el compromiso asumido frente a la ciudadanía toda".  

"Legítimamente, frente a la realidad de los hechos, nos preguntamos si la respuesta dada a la ciudadanía por el Poder Judicial sería la misma si no se pagaran sus remuneraciones de la misma manera que no percibimos honorarios las abogadas y abogados. No nos cabe duda de que con toda seguridad, el servicio de justicia ya habría sido reanudado", señalaron.  

Para los letrados "es hora de devolver a la ciudadanía el servicio de justicia que se encuentra interrumpido, pero aumentado en calidad. Y es vuestra obligación".