Hace tres años, el martes 13 de septiembre de 2016, se produjo uno de los hechos más lesivos para los intereses nacionales en general y para nuestro histórico reclamo por el ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas en particular. Ese día vio la luz el denominado acuerdo Foradori–Duncan que, bajo la forma de un "comunicado conjunto", fue firmado por los vicecancilleres de Argentina y el Reino Unido.

Ese documento fue el corolario del primer año de la política del gobierno de Cambiemos sobre Malvinas, que se propuso hacer concesiones a los intereses británicos respecto de la explotación de los recursos naturales argentinos en la región y bajar la intensidad del reclamo por la soberanía. En este sentido cabe recordar que ni bien asumió como presidente, en diciembre de 2015, Mauricio Macri fue el primer gobernante electo desde el retorno de la democracia que no mencionó la reivindicación del ejercicio de la soberanía por Malvinas en su discurso de asunción en el Congreso Nacional.

No fue un olvido. Fue el comienzo de una estrategia que se extendió a lo largo de todo el gobierno de Cambiemos y que tuvo su segunda demostración en la eliminación de la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación que, desde su creación en el año 2013, había tenido un rol particularmente activo a la hora de potenciar las acciones nacionales y regionales relativas a la defensa de nuestros derechos soberanos.

Según la mirada de los expertos, el Gobierno adoptó la forma de "comunicado conjunto" para evitar cumplir con la obligación constitucional de someter a la aprobación del Congreso Nacional los acuerdos internacionales que suscribe el Poder Ejecutivo. De esta manera el gobierno de Macri se burló de la voluntad popular expresada por sus representantes que, en forma unánime y en concordancia con lo que plantea la Constitución Nacional en su cláusula transitoria primera, rechaza los términos del comunicado. Se trata, por lo tanto, de un acto que tiene características manifiestamente ilegítimas y agraviantes para los intereses nacionales.

La declaración manifiesta que se acordó adoptar las medidas apropiadas para cumplir con las dos principales demandas británicas que la primera ministra Theresa May, apenas había asumido, le realizó al presidente Macri. Por el contrario, ninguno de los históricos reclamos argentinos estuvo presente en el texto. No se hace mención, entre otras cuestiones, a la disputa de soberanía, a la Resolución 2065 (XX) de Naciones Unidas -que plantea la necesidad de la negociación bilateral para resolver la controversia-, a la violación de la Resolución 31/49 que prohíbe acciones unilaterales -y que el Reino Unido está llevando adelante en el área-, y tampoco a la existencia ilegal de una base militar británica en la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur.

En términos de recursos naturales, el comunicado expresa el acuerdo "para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas" cuando es precisamente la negativa del gobierno británico a resolver la disputa de soberanía la verdadera causa de los obstáculos al "crecimiento y el desarrollo sustentable" de esta región del Atlántico Sur.

En cuanto a los vuelos, el comunicado expresa que las partes "acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países". Ello desconoce la histórica demanda de Argentina de promover un segundo vuelo desde territorio continental argentino y mediante la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas. Por el contrario, recientemente el gobierno nacional ha autorizado por decreto a una empresa aerocomercial brasileña a explotar la ruta San Pablo-Malvinas.

El avance británico sobre la soberanía y los recursos de nuestro país ocurre en un momento en el que la aprobación del Brexit coloca al Reino Unido en una difícil situación internacional y donde la opinión pública británica se manifiesta crecientemente crítica de las actitudes coloniales de sus gobernantes. La reciente resolución de las Naciones Unidas respecto de la restitución del archipiélago de Chagos a Mauricio es una demostración de la dificultad del Reino Unido para sostener sus políticas coloniales.

Para profundizar en el debate sobre Malvinas, este lunes a partir de las 18 estaremos presentando en la Cámara de Diputados de la Nación el libro Malvinas y las luchas por la soberanía en América Latina, editado junto al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y que cuenta con la participación de importantes referentes de diversos espacios políticos y académicos de Argentina y otros países de la región y del Reino Unido. Desde la política y las ciencias sociales, debatiremos sobre la importancia de promover las luchas por la soberanía y el llamado al diálogo, de acuerdo al mandato de la comunidad internacional.

Estamos convencidos de que en el próximo gobierno la Cuestión Malvinas volverá a ser una política de Estado. Con esa convicción, las argentinas y los argentinos seguiremos reclamando por la vía diplomática y pacífica nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El siglo XXI no da lugar a que continúen vigentes situaciones tan anacrónicas e injustas como el colonialismo. Más temprano que tarde, la negociación bilateral con el Reino Unido, en los términos que plantea la Resolución de las Naciones Unidas, nos permitirá encontrar los caminos para recuperar nuestra integridad territorial.

El autor es diputado nacional y ex secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas.