Félix Santamaría, abogado de jubilados que vienen realizando reclamos por malas liquidaciones y la quita de la movilidad automática, vinculados con la reforma del régimen previsional, reclamará los retroactivos correspondientes a la actualización de haberes de los jubilados que no se realizó durante los últimos cuatro años.

En declaraciones a Radio Nacional Ushuaia, Santamaría señaló que “hay un informe de Rubén Bahntje que lo presentó en la reunión de comisión de la Legislatura donde informó que había mil jubilaciones otorgadas durante los tres años y medio de la actual gestión, pero muchos de esos trámites fueron iniciados con anterioridad a la Ley”.

El abogado aseguró que para muchos trabajadores estatales ha resultado más beneficioso acogerse al régimen jubilatorio nacional que al provincial, sobre todo en el caso de los docentes. “En este momento con las reformas, en especial la 1210, son pocos los beneficios iniciados porque la gente que no pudo ingresar en los períodos antes del 2017-2018, ha adoptado por irse al ANSES porque el ANSES en el caso de los docentes le respetan el 82%, el haber se calcula con los mejores 36 meses y se residen en la zona Patagónica cobran un 40% más”, aseguró.

Además dijo que en el caso de las mujeres docentes “el ANSES le requiere 57 años de edad mínima y la nueva ley le exige 55 acá, entonces la gente ha optado por ir al ANSES”.

“En algunos casos la diferencia llega a ser de 30 mil o 40 mil pesos a favor del sistema nacional”, aseguró Santamaría y señaló como ejemplo el caso de un docente de escuela especial “que tenía 20 años de trabajo, le recomendé que inicie el trámite en ANSES y cuando me lo encontré me dijo que estaba cobrando casi una suma de 90 mil pesos, de los cuales 40 mil pesos son la zona”.

Hay 5600 jubilados en condiciones de proceder administrativa y judicialmente contra la Caja de Previsión de Tierra del Fuego, por la decisión de aplicar de manera retroactiva la movilidad semestral. “El Presidente de la Caja lo que sostiene es que lo que le implicaría pagar con retroactivo son unos 420 millones de pesos en este año, y duplicado el año que viene”, dijo Santamaría.

El letrado sostuvo que “ahora hay que ver el proyecto final que se apruebe en el recinto de la Legislatura, estimo que tiene que contemplar esta situación, porque en su momento la propuesta era una Ley aclaratoria en función de que esto rige para el futuro, para que le quede claro a la Caja que para atrás no puede tocar los haberes determinados, eso es lo que seguramente va a salir del proyecto”.

Sin embargo añadió que “en ese caso se tiene que recalcular todas las prestaciones la Caja de Jubilaciones pagando la retroactividad correspondientes; hay organismos como el STJ, el Tribunal de Cuentas, el Poder Legislativo, Energía y los Municipios que dieron aumentos durante 2016, 2017, 2018 y esos aumentos fueron semestrales; en ese caso si la norma es clara se tiene que pagar esa retroactividad de todos los aumentos de al menos dos años”.

“Si la ley sale a fines de agosto la implementación va a llevar tres meses, porque las determinaciones nuevas y recabar toda la información de aumentos para que sea trasladado a los pasivos son mínimo tres meses en el bolsillo efectivo del jubilado”, añadió.