“Molesta que nos quieran tomar el pelo funcionarios del Poder Ejecutivo pidiendo prórrogas cuando ni siquiera han hecho los deberes básicos como funcionarios para solucionar los problemas de la gente”, cuestionó el legislador Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino.

Sostuvo que si bien desde el bloque “uno trata de acompañar las herramientas legislativas para facilitar una administración de gobierno, pero frente a la falta de gestión la opción es oponerse”.

Villegas recordó que “el bloque del MPF, en diciembre cuando se sancionó la ley 1063, entendía que estaban dadas las condiciones para apoyar una herramienta de esas características como un aporte a un marco de gobernabilidad razonable de una gestión de gobierno del FPV que se enfrentaba a una realidad que conocíamos todos que era que los hospitales y establecimientos educativos estaban en una situación más que lamentable, y en Ushuaia, la contaminación ambiental requería la realización de obras”.

“En ese momento advertimos que, si bien acompañábamos esa herramienta extraordinaria, también íbamos a tener una mirada aguda acerca de la utilización que iban a realizar los funcionarios del Poder Ejecutivo durante el año en curso”, remarcó.

Villegas recordó que “en función de ello, durante el transcurso de este año hemos solicitado varios pedidos de informe que han sido contestados en dos oportunidades por parte del Ministerio de Educación y de la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios pero no así por parte del Ministerio de Salud”.

“A través de los pedidos de informes, en lo que hace a infraestructura educativa, nos anoticiamos que las autoridades del Poder Ejecutivo habían efectuado relevamiento durante los meses de noviembre, diciembre y enero que se materializaron en informes durante el mes de febrero, y que motivaron la utilización de esta herramienta de emergencia para la contratación de manera más ágil para un sinnúmero de obras”, resumió.

En este sentido, Villegas expresó que “a mitad de año se tomó la decisión política de sacar el mantenimiento de los edificios escolares y pasar este área a la órbita de la Secretaria General de Gobierno, y a uno esa respuesta, no le parece razonable”.

“Después de las respuestas del Ministro de Educación y de la Secretaria General, tengo como conclusión que dichos funcionarios no han estado a la altura de la circunstancias y que han fracasado con estas herramientas legislativa que oportunamente fueron otorgadas”, dijo.

Asimismo, el legislador apuntó que “uno apostó y aportó para que se solucionen los problemas pero después de una año nos encontramos con este nuevo proyecto de ley que aun así es más grave que el anterior requerimiento”.

“En el artículo 10 se faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar en un año la situación de emergencia y así llegaríamos a tener las dos terceras partes de una gestión de gobierno en emergencia sin haber resuelto situaciones básicas y elementales como tener los establecimientos educativos en condiciones”, concluyó.