No hubo trata de personas en el operativo que llevó adelante Prefectura en Río Grande la semana pasada, donde –según el organismo informó inicialmente- se habían “rescatado” a nueve mujeres y se detuvo a otra, que finalmente fue liberada.

Así lo confirmó el juez Federal Federico Calvete, quien consultado por Fm del Pueblo, expuso sobre las diferencias entre un caso de trata y otro que no lo es.

“Desde hace mucho han existido diferentes delitos vinculados al tema de la prostitución, en sí la prostitución no se pena, no son penadas las mujeres que ejercen, sino a aquellas personas que pueden beneficiarse con el ejercicio de mujeres para la prostitución”, inició.

Y recordó que desde antaño hubo distintas leyes como la Ley que se ocupaba de las casas de tolerancia (Ley de profilaxis antivenérea), y luego el Código Penal introdujo una serie de figuras que hacían al proxenetismo y demás. “Se estableció que toda aquella persona que tiene algún tipo de beneficio de la explotación económica, será sancionada”, precisó.

Luego Argentina estableció diversos acuerdos internacionales en lo que respecta a la trata de persona con fines económicos: sexuales o laborales.

Calvete explicó que “en el caso del delito de trata que es un delito Federal, se tienen que dar no solo una explotación económica, sino también una serie de situaciones que hacen a la trata en sí. Todo lo que se refiere el Código Penal en cuanto al tema del traslado, ofrecimiento, recibimiento, acogimiento, esas figuras que establece el código que deben completar el tema de la explotación económica”.

De esta manera lo que se busca es que, más allá de que la persona tenga o no la voluntad de ejercer la prostitución “si hay una persona que se aprovechó de esa situación y obtuvo un beneficio económico lo hizo a través de una serie de acciones: por ejemplo trasladarla de otro lugar del país hasta acá y otras características que hacen a la trata de personas”, indicó Calvete.

El juez sostuvo además que se analiza cada causa en particular. “Cuando nosotros recibimos una causa, por ejemplo tuvimo la causa en Ushuaia del Black and White, Candilejas y el Sheik. Rápidamente se trabajó en todos esos casos y se cerraron los lugares. De hecho el juzgado federal promovió la derogación ante la Legislatura provincial de todas estas leyes que permitían estas situaciones”, sumó.

Para determinar si es trata o no lo es “apenas se hace un allanamiento lo que se hace es convocar a un grupo de personas especializadas en la cuestión que es el grupo de rescate, que en este caso pertenecen al gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, hay otros grupos del Ministerio de Justicia. Ellos se ocupan de recibir a las víctimas, se las llevan, les hacen una evaluación, hablan con cada una de ellas, y tratan de conocer todo el contexto de su vida, económica, personal, educación, familiar, etc”.

En este punto aclaró que “no es el hecho de si ellas se consideran o no victimas porque ellas pueden no considerarse víctimas y ser víctimas, sino el análisis de todas las circunstancias de cómo llegaron al lugar. El grupo hace un informe pormenorizado donde indican en cada caso si hay o no una situación de trata o son casos de explotación económica que genera otra investigación distinta”.

No solo hay delito cuando hay trata. Hay otro delito que está tipificado en el artículo 127 del Código Penal, que dice que será reprimido con prisión de 4 a 6 años, el que explotara económicamente el ejercicio de prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima, es un delito que no es el de trata de personas y que es de competencia provincial.

“La Ley es la que determina que hay trata aun cuando la persona no se considere víctima, pero para que haya trata tiene que darse no solo la explotación, sino toda una serie de acciones que hacen al traslado, el acogimiento, recibimiento de la víctima que no se dio en estos casos”, cerró Calvete.