Luego de que el Senado le diera media sanción al proyecto de la ley de financiamiento político, Diputados inició el debate con el fin de convertirlo en ley en los primeros días de mayo, con tiempo suficiente antes del inicio de la campaña electoral. 

Entre sus principales puntos, el texto recuerda que la Cámara Nacional Electoral ordenó la creación de un registro de las cuentas oficiales de redes sociales, sitios de Internet y demás canales digitales de comunicación de los partidos y sus candidatos, que luego deberán rendir cuentas sobre su campaña digital.

En los fundamentos que se esgrimen para avanzar con las regulaciones, los legisladores expresaron: “Es fundamental que, como legisladores, estemos atentos a los cambios que se producen en las conductas de la sociedad y logremos detectar las nuevas prácticas antijurídicas que, ante el vacío legal, vulneran derechos de los ciudadanos. Específicamente en lo que se refiere a la información política en los procesos electorales, la informática ha tomado un papel preponderante que la legislación actual no contempla”.

“No se puede dejar de reconocer que en el mundo y también en la Argentina, los cambios tecnológicos determinaron que la sociedad cada vez más se informa de cuestiones políticas a través de las plataformas digitales y redes sociales”, añade el texto que se presentó en Diputados.

Así, el proyecto busca combatir las “noticias falsas”, la desinformación o la información manipulada “que busca engañar o llevar a conclusiones erradas al votante, ya sea con el propósito de causar daño a un candidato determinado, o para lograr un rédito político de otro candidato”.

“A esta altura de los acontecimientos, seriamos muy ilusos si realmente creemos que esa producción y transmisión de una información deliberadamente falsa es producida y distribuida por personas aisladas sin una organización detrás. Estas prácticas organizadas requieren de mucha financiación, de consultoras expertas en comunicación y de la complicidad de las grandes empresas de comunicación digital; ya que el contenido falso se propaga rápidamente a través de Facebook, servicios de mensajería como WhatsApp, en plataformas como Twitter, Instagram y en buscadores como Google y demás herramientas de propagación masiva”, sostiene el texto. Que agrega: “Justamente para reproducirlos con velocidad y eficacia se desarrollan a través de trolls y bots. Ya los políticos, los periodistas, la sociedad y hasta la justicia reconoce la existencia de los denominados ‘trolls’ que actúan en coordinación para amplificar informaciones falsas de políticos”.

En las últimas campañas electorales en la Argentina fueron recurrentes las acusaciones de uso de este tipo de artilugios, para levantar sospechas sobre algún candidato o intentar direccionar el voto.

Uno de los impedimentos que surgen para el control de gastos es que las empresas aludidas no facturan en la Argentina y tampoco pagan impuestos. Si informan esos ingresos deberán abonar las alícuotas correspondientes en el país, con lo cual no sería de extrañar que se resistan. Cabe señalar que tanto Facebook y Google, como otras empresas de Internet, están enfrentando regulaciones o intentos de regulación en todo el mundo.

Fuente: Ámbito Financiero.