Marcelo Guerrero, un jefe policial de Tierra del Fuego, apodado Comisario WhatsApp porque logró reducir los índices de inseguridad interactuando con vecinos de la ciudad a través de esa aplicación, comenzó a ser juzgado esta semana acusado de incumplir con sus deberes al quitarle la custodia a una mujer que, a raíz de ello, fue atacada y abusada por su ex pareja.

Se trata de Marcelo Guerrero, que durante la primera jornada del debate que lleva adelante el juez correccional de Río Grande, Martín Bramatti, se declaró inocente y dijo que sólo incumplió una "orden verbal" de una colega, y no una judicial, porque sólo tenía tres policías para patrullar las calles.

Guerrero adquirió notoriedad a partir de 2015, cuando consiguió que los seis barrios problemáticos que estaban bajo su jurisdicción en la comisaría quinta de Río Grande, pasaran 100 días sin que se produjera ningún delito contra bienes y personas, incluyendo robos y hurtos.

Guerrero formó varios grupos de WhatsApp, y también de Facebook, donde los vecinos alertaban de situaciones sospechosas, mandaban fotos y videos, y permitían la inmediata intervención policial, generando que la gente se comprometiera con la seguridad de su barrio.

Sin embargo, en mayo de 2017, la Justicia le encomendó al comisario custodiar a una mujer que ya había sido víctima de violación por parte de su ex pareja. Según la acusación del fiscal mayor Guillermo Quadrini, Guerrero decidió "unilateralmente" que la custodia no tuviese carácter permanente y, en uno de los momentos en que el domicilio estaba desprotegido, la ex pareja atacó a la mujer y abusó nuevamente de ella sexualmente.

Fue allí cuando la carrera del uniformado entró en desgracia: fue apartado de su cargo pese a la resistencia de un grupo de vecinos que salió en su apoyo y desde entonces fue sometido a la instrucción de una causa penal, cuyo juzgamiento comenzó este miércoles. Tras le lectura de la acusación fiscal, Guerrero prestó declaración indagatoria y se proclamó inocente. El Comisario Whats-App dijo que nunca recibió un oficio judicial ordenándole establecer una custodia permanente en la vivienda de la mujer atacada, sino una "orden verbal" por parte de la comisaria que estaba a cargo de la Comisaría de Minoridad y Familia de la ciudad.

Es que según su versión, la Justicia remitió dos oficios: uno a Minoridad y Familia disponiendo la custodia de 24 horas, y otro a su comisaría pidiendo "rondas periódicas cada tres horas". Guerrero explicó que cumplió con el oficio que recibió y que, respecto de la orden verbal de su colega, no pudo hacerlo porque "tenía siete policías a cargo y sólo tres de ellos podían salir a la calle".

El proceso judicial continuará este jueves, con la declaración de los primeros testigos de una lista de 15 convocados al estrado, entre ellos varios jefes policiales. El juicio podría determinar que el comisario, en caso de resultar condenado, reciba una pena de un mes a dos años de prisión.