El proyecto ya había sido presentado en Usuahia, por la actual Secretaria de la Mujer Laura Avila. Sin embargo, por las críticas que ocasionó fue dejado de lado por el Ejecutivo.

Según Boyadjian, la iniciativa se aplicaría en el sistema de salud pública estatal, en establecimientos educativos o en redes de alojamiento para personas en situación de calle.

A raíz de ese dato, resaltó que “es una cuestión de derechos humanos y de igualdad ante la sociedad que estos productos de primera necesidad puedan estar al alcance de estas mujeres. El no tener acceso a ellos en la vida cotidiana aumenta las posibilidades de ausentismo escolar, infecciones, precarización económica, etc.”.

El proyecto sostiene que los requisitos para exigir la aplicación de la ley deberán ser establecidos por el Ejecutivo Nacional, quien además será el que determine el grado de vulnerabilidad de la persona para la recepción de los elementos necesarios.