Gustavo García, director por el sector Activo en el IPAUSS, presentó a la Legislatura un proyecto de ley para que se reconozca la antigüedad de los ex beneficiarios de planes sociales que ingresaron formalmente al Estado a partir de las leyes 661 y 668, mejor conocidas como “Megapase”.

Según García “estos compañeros han trabajado dentro del Estado Provincial durante muchos años, sin que a la fecha se les haya reconocido los períodos trabajados en calidad de contratos, planes sociales, etc.”.

“Demás está decir y mencionar que esta franja de trabajadores se vio doblemente perjudicado, por un lado, por no reconocer esos períodos de trabajo en negro” dentro del Estado, y por otro, por las modificaciones del 8 y 9 de enero de 2016”, fundamenta.

Para el Director del IPAUSS, los ex beneficiarios de planes trabajaban en la administración pública en “iguales condiciones” que los agentes de planta permanente “y realizaban las mismas tareas por migajas, haciéndoles creer que les estaban realizando un favor”.

“En realidad, lo que les estaban haciendo era robarles el futuro y el Estado aprovecharse y ahorrar dinero en salario con estos compañeros”, afirmó.

En su proyecto, García sostiene al menos 4.500 son los trabajadores que ingresaron por las leyes 661 y 668, considerando que los legisladores “tienen en sus manos la posibilidad de corregir ese error y aprobar una Ley que los coloque en igualdad de condiciones ante la sociedad”, lo que les permitiría “acceder a una jubilación digna, de la cual puedan disfrutar al menos la última etapa de su vida”.

Pago de aportes previsionales

De acuerdo al proyecto, que contiene nueve artículos, el reconocimiento de los años de antigüedad deberá ser comprobado a través de la Secretaría General de Gobierno, con participación del área Legal y Técnica.

Se deberá establecer la fecha real de ingreso de cada beneficiario de un plan social; las tareas realizadas; la dependencia en que cumplió funciones, así como “toda otra circunstancia que acredite la real fecha de ingreso y las tareas realizadas”.

Concluido ese procedimiento “se elevarán cada una de las actuaciones y los informes respectivos”, detallando cuántos agentes son alcanzados por los alcances del proyecto de Ley.

Luego, el Ministerio de Economía dispondrá de un plazo máximo de tres meses de finalizado el procedimiento “a fin de determinar el monto total a devengar en concepto de aportes y contribuciones previsionales”.

Dicho de manera más sencilla: una vez comprobada la fecha real de ingreso al Estado, se deberá calcular el monto que cada uno de esos beneficiarios no aportó al sistema previsional. Fijado el monto, siempre bajo su consentimiento, el Estado podrá descontarlo de su salario hasta un máximo de 72 cuotas.

Para esta suerte de moratoria, como base de cálculo “se tomarán los porcentajes establecidos por la normativa vigente en materia previsional, como así también el total de la escala que le correspondía a una categoría 10 del Escalafón Seco”.

Según el proyecto, el Ministerio de Economía tendrá dos meses como máximo para realizar la determinación de los montos que los ex beneficiarios de planes sociales adeudan por aportes previsionales.

“Los agentes podrán solicitar una Certificación de Servicio y Remuneraciones a su empleador a partir de los seis meses de iniciado el primer devengado y hasta completar con lo que le correspondiere como parte de la presente ley”, agrega el proyecto.

García asegura que se busca atender “la necesidad de los trabajadores y trabajadoras que ingresaron por la Ley N° 661 y 668 de ser reconocidos en su antigüedad por el Estado, ya que muchos de ellos prestaron servicios con planes de empleo en distintas áreas de la administración pública durante años, no computando antigüedad ni aportes a la jubilación”.

“Hoy es común que se alcance la edad jubilatoria y falten años de aportes”, explicó García, señalando que “esta situación es una preocupación recurrente” para muchos agentes que “ingresaron en una edad avanzada en la administración pública”.