miércoles 20 de noviembre de 2019 - Edición Nº1157
Critica Sur » Provincia » 22 mar 2019

SOCIEDAD

La Legislatura deberá definir sobre la venta de 10 mil hectáreas en el Corazón de la Isla

Legisladores de la oposición solicitaron sesionar para tratar el decreto mediante el que el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de una sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia, adjudicó en venta a Mirna Antunovic,10 mil hectáreas en la zona central de la Isla.


La controversia administrativa y judicial entre la Provincia y Mirna Antunovic por la propiedad de 10 mil hectáreas de tierras rurales ubicadas dentro del área natural protegida “Reserva Corazón de la Isla” será abordada por el Parlamento en una sesión especial que, a pedido de los legisladores de los bloques UCR-Cambiemos y de los 4 del MPF, deberá ser convocada para el jueves 11 de abril. 


Si bien el tema en cuestión no integraba el orden del día de la sesión de ayer ya que en labor parlamentaria se había resuelto girarla a comisión, el Legislador radical Rubinos mocionó que la ratificación del decreto 620/16 –dictado por el Ejecutivo para cumplir con una sentencia del Superior Tribunal de Justicia- que adjudica en venta el predio en cuestión fuera abordado sobre tablas, y solicitó que la votación fuera nominal. 


Más allá de la discusión que se generó en el recinto por la incorrecta aplicación del Reglamento Interno que pretendió hacer el vicegobernador y presidente de Poder Legislativo, Juan Carlos Arcando, la moción no prosperó por el voto negativo de los 8 legisladores del bloque oficialista y del radical Blanco, quien fundó su postura en la necesidad de analizar en detalle las implicancias legales que puede tener el que el Parlamento desconozca una sentencia del Superior Tribunal de Justicia. Más allá de ello planteó que se votara en sesión la convocatoria a una sesión especial para el 11 de abril. Como esa propuesta no prosperó tampoco por la oposición del oficialismo anunció que una vez concluida la sesión solicitarían, tal lo contempla el reglamento interno, la convocatoria a sesión especial para el día en cuestión. 


El apuro por fijar postura sobre el tema fue explicada por Rubinos. Mencionó que tras la modificación a la ley de Tierras Fiscales que se aprobó el año pasado a instancias de una iniciativa del oficialismo, la Legislatura cuenta con 30 días hábiles para ratificar o rechazar las adjudicaciones de tierras fiscales Provinciales de más de 100 hectáreas, ya que si vencido ese plazo no hubiera tomado decisión alguna, el decreto en cuestión “se considerará ratificado tácitamente”.


Tal quedó planteado ayer en sesión, los legisladores de la UCR-Cambiemos y del MPF manifestaron su oposición a convalidar la venta de esas tierras, en tanto que desde el bloque oficialista no se adelantó postura.


El Parlamento está ante una complicada encrucijada, ya que si resolviera rechazar el decreto la Provincia estaría incumpliendo con una sentencia dictada por el más alto tribunal local.

Los antecedentes

Para cumplir la sentencia dictada en 2016 por el superior Tribunal de Justicia, en la que hizo lugar al reclamo de Mirna Antunovic de Bridge para que el estado fueguino le adjudique en venta por antiguas ocupación el lote de 10 hectáreas ubicado al sur de las estancias Boquerón y Río Claro y al oeste de la Estancia Carmen, el Poder Ejecutivo elevó en enero a la Legislatura el decreto 620/16, para su ratificación, y que en esa norma hacer “lugar a la pretensión de adquisición del dominio particular de tierras fiscales a favor” de Antunovic “bajo la modalidad de regularización de antiguas ocupaciones”. 

Este mismo trámite ya había impulsado en 2016 por el Ejecutivo, pero el tema no fue abordado por el Parlamento, por lo que el pedido de ratificación de ese acto administrativo perdió estado parlamentario, por lo que la Provincia continúa al día de hoy incumpliendo con la mencionada sentencia. 


Esta todavía irresuelta controversia comenzó hace unas dos décadas atrás, cuando Antunovic de Bridges inició el trámite para mensurar el predio en cuestión, que inicialmente había obtenido el visto bueno de la administración en 1999, pero con limitaciones en cuanto a la superficie pretendida ya que se le adjudican en venta únicamente 3.400 hectáreas, excluyendo aquellas que se encontraban ubicadas dentro de la Reserva Corazón de la Isla que había sido creada por decreto 1499/95 y las ocupadas por bosques. 


En el año 2000, cambio de Gobierno por medio, el Ejecutivo entendió que el decreto de adjudicación en venta  presenta vicios insubsanables por lo que eleva las actuaciones a la Legislatura recomendando no ratificarlo, lo que finalmente ocurre. Ese mismo año se sanciona la ley que creó el  área natural protegida “Reserva Corazón de la Isla”.


A partir de esas decisiones, Antunovic efectúa al amparo del marco de regularización de antiguas ocupaciones un nuevo pedido de adjudicación en venta del predio de 10 mil hectáreas que da origen al expediente 1142/2001. En julio de 2002, la Secretaría Legal y Técnica dictamina que debe reconocerse los derechos al dominio pretendido por Antunovic, opinión que no es compartida por  la Fiscalía de Estado y a la que adhiere la Secretaría de Desarrollo y Planeamiento, que rechaza a fines de ese mismo año el pedido en cuestión. Antunovic recurrió por vía administrativa esa decisión. El recurso de reconsideración fue rechazado en septiembre de 2006, por lo que en el año 2008 el Poder Ejecutivo dictó un decreto rechazando la pretensión de la reclamante.


Agotada la vía administrativa, Antunovic presentó ante el Superior Tribunal de Justicia una demanda contencioso administrativa. La Justicia falló a su favor, declaró la nulidad de la Resolución dictada en 2002 por la Secretaría de Desarrollo y Planeamiento y ordenó al Ejecutivo que dicte un nuevo acto “con apego a la doctrina”. En 2015 el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1892 mediante el que dejó sin efecto la resolución cuestionada, pero también rechazó el pedido de adjudicación en venta de Antunovic, lo que dio lugar a la presentación de un nuevo pedido de reconsideración que también fue rechazado por el Gobierno. Una vez más, Antunovic recurrió a la Justicia, y nuevamente la Corte falló a su favor, e intimó al Ejecutivo a cumplir con la sentencia original. Ante este estado de cosas, y tras haber tomado intervención la Secretaría Legal y Técnica, el Poder Ejecutivo dictó el 20 de abril el decreto 620, mediante el que revocó el decreto 1892/15 e hizo lugar a la pretensión de Mirna Antunovic de Bridge de adquirir el predio en cuestión. En mayo de ese año elevó a la Legislatura el mencionado decreto, por cuanto el inciso C del artículo 8 de la ley de Tierras Fiscales establece que la adjudicaciones de tierra “a partir de una superficie de 101 hectáreas, además de resolverse mediante decreto con acuerdo general de Ministros, requerirá la ratificación del Poder Legislativo”.


Por ese entonces, los Legisladores resolvieron ratificar el decreto pero tampoco rechazarlo, por lo que por el paso del tiempo perdió estado parlamentario. La nueva presentación del Ejecutivo se formalizó el 14 de diciembre del año pasado, por lo que recién volvió a tomar estado parlamentario ayer.

Ahora  se sabrá si, en esta oportunidad, los legisladores convalidarán o rechazarán la enajenación de esas 10 mil hectáreas, o si volverán a dejar que el paso del tiempo le evite tener que tomar una decisión al respecto.

 

(El Diario del Fin del Mundo)

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