El pasado viernes la fiscalía y la querella presentaron sus alegatos finales en el caso contra los dueños del prostíbulo “Sheik” en Tierra del Fuego y partícipes de la red de trata para la prostitución que allí funcionaba. Además de acusar a Montoya, García y Alberca Campos, Alika Kinan, quien fue rescatada de ese lugar en 2012, también presentó una causa contra la Municipalidad de Ushuaia por facilitar la explotación sexual.

Tanto fiscalía como querella sostuvieron que “es imposible hablar de consentimiento”. El fiscal federal Marcelo Colombo, al frente de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), planteó: “Para consentir hay que ser libres y estar bien informados. Hay delitos que no es posible consentir porque está afectada la dignidad humana. No podemos pensar que hay esclavos felices. En la explotación sexual, el que se lleva las ganancias no es el que pone el cuerpo”. Colombo coordina en la causa con el fiscal de la provincia, Adrián García Lois.

Por su parte, la abogada de Alika, Marcela Rodríguez (titular del Programa de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación), afirmó: “El aislamiento, el abuso emocional y físico, la falta de ingresos, salud y vivienda, tener que mantener a su hijos… si las condiciones estructurales no cambian, las mujeres pasarán de un allanamiento a otro, las víctimas quedan atrapadas en los circuitos prostibularios”. También se refirió a la conciencia que tienen las mujeres en esa situación: “Las víctimas no se reconocen como víctimas. Es negación, disociación. Se destruye el ‘yo’. Se les arrebata la identidad de personas como tal, y las convierten en cosas”.

Los acusados “degradaron como personas a las mujeres, convirtiéndolas en objetos sexuales” aprovechándose de su situación de “vulnerabilidad social”, dijo la abogada.

El sábado fue el turno de la defensa de los acusados, tanto de aquellos que enfrentan cargos por trata de personas y proxenetismo como del Estado local. El abogado de la Municipalidad de Ushuaia, César Molina, solicitó que el tribunal rechazara la demanda por daños y perjuicios iniciada por Alika, por 2,3 millones de pesos. El motivo de la denuncia es la falta de controles y la complicidad estatal, por ejemplo, con la firma de libretas sanitarias. La Municipalidad cobraba una tasa por permitir el funcionamiento de los “clubes nocturnos, y las propias víctimas debían pagar análisis clínicos para descartar enfermedades cada tres meses.

Por su parte, José Bongiovanni, abogado de la encargada del local “Sheik”, Lucy Campos Alberca, pidió la pena mínima (dos años) para su defendida, argumentando que también se trataba de una víctima. Solicitó a su vez que se dicte la nulidad de las tareas investigativas. El defensor de Montoya y García, Félix Santamaría, por último, exigió la nulidad del requerimiento de instrucción, al cuestionar aspectos del operativo llevado adelante por Gendarmería Nacional en el que se allanó el prostíbulo. “El Sheik era un local debidamente habilitado”, sostuvo.

Alika había declarado la semana pasada. “Mi testimonial fue sin público por pedido de mi abogada, se retiraron también los imputados. Ya quedé libre para presenciar lo que queda del juicio, por eso quise declarar primero”, contó al salir del juzgado. “Se me va la vida en este proceso y por eso es muy importante estar en el minuto a minuto. En algunos momentos me tendré que retirar obviamente porque hay situaciones que son terribles para revivir. Tengo mucha confianza en la sentencia, hay muchas pruebas, creo que son aplastantes mis declaraciones así como las de otras víctimas que preservan su identidad porque han sido amedrentadas y tienen mucho miedo”, agregó.

“Si bien es un daño irreparable, este juicio es una manera de empezar a reparar algo. No quiero que haya más trata. No quiero que haya más prostitución. No quiero que haya más hombres que crean que pueden ir y elegir consumir un cuerpo como si fuera un pedazo de carne”, aseguró Alika en declaraciones a Minuto Fueguino. “La libreta sanitaria que requería la municipalidad para ‘trabajar’ en los cabaret es igual al control del Senasa para la carne. Eso era yo y son muchas mujeres: carne humana apta para ser consumida”, concluyó.

El tribunal, integrado por Ana María D’allesio, Luis Giménez y Enrique Guanziroli, anunció que el fallo se dará a conocer el próximo 29 de noviembre. El juicio “fue muy movilizante y salió todo lo que tenía que salir”, decía Alika Kinan a Radio del Plata el sábado.