La Unión Malvinizadora Argentina (U.M.A) presentó el martes 4 de febrero, en la legislatura provincial fueguina, tres propuestas relacionadas con la ilegítima exploración y explotación de nuestros recursos hidrocarburíferos que pretende llevar adelante la colonia implantada en nuestro Atlántico sur, obviamente en exclusivo provecho de la insaciable y cancerígena metrópoli criminal que usurpa desde 1833 nuestro territorio, claramente en detrimento de su verdadero dueño y señor, que es el pueblo argentino.

El titular de la UMA, Luciano Moreno Calderón, nos comenta algunos detalles sobre una de estas iniciativas, que según explica “se direcciona a que se declare un enérgico rechazo institucional al llamado a consulta pública sobre régimen impositivo para la industria petrolera, convocado el pasado 26 de Febrero (2018), por el ilegítimo gobierno colonial implantado en nuestras islas Malvinas, como así también se eleve un pedido de informe a Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores acerca de cuáles fueron las medidas tomadas, cuáles serán las que se abordarán en el futuro próximo, y cuál es su posición a este respecto.

Moreno explica que “es profunda nuestra preocupación al estar próximos a cumplir un año de esta consulta tan lesiva para nuestro país, sin que se sepa en qué estado está esta actividad colonial, y sin que sepamos con claridad cuál es la postura del gobierno nacional al respecto”.

“Desde ya, es evidente que la no pronunciación contundente de disconformidad, rechazo y/o repudio a esta actividad colonial, es un elemento muy funcional al interés de la metrópoli británica y su enclave en nuestro territorio, a la vez que es de extremo perjuicio para nuestros intereses nacionales”.

“También es preocupante no saber cuáles son los instrumentos que se han desarrollado, o los reclamos formales realizados -si es que se hicieron- para que no se consienta con nuestro silencio la violación de la potestad que tiene solo el estado argentino de establecer impuestos sobre la jurisdicción nacional, así como para denunciar esta actividad unilateral por parte de la colonia, en favor de la metrópoli (Reino Unido)”.

“Para entender la gravedad de lo acontecido un año atrás, en la iniciativa expongo algunos retazos de lo que expresaba el portal MERCOPRESS, en una nota titulada “Falklands abre consulta pública sobre régimen impositivo para industria petrolera”, donde se entrevistaba al “representante” kelper responsable de la cartera relativa a Servicios Gubernamentales (que incluye políticas impositivas y fiscales) MLA Roger Spink”.

“Según estas fuentes que recogen las palabras del vasallo kelper, la consulta es el primer paso de un proyecto más grande “para rever la legislación impositiva actualmente vigente e implementar un programa de reforma y mejoramiento para ponerlo al día con las mejores prácticas internacionales, incluyendo el BEPS (Base Erosion Profit Shifting) de la OCDE. La consulta se focaliza en áreas de importancia estratégica para la industria petrolera en desarrollo en las Falklands, incluyendo el Impuesto a las Corporaciones en materia de gastos financieros e intereses, compras por leasing y alquiler, y activos que se dan de baja”.

“Es decir, la consulta se hace para preguntar “a la industria en materia fiscal petrolera, dada las oportunidades de desarrollo potencial en la cuenca norte de las Falklands y en toda la zona por extensión, y ella estará abierta hasta el 6 de abril de este año (2018) para las respuestas de aquellos interesados, las cuales serán sintetizadas y alimentadas al proyecto de política final y de la redacción legislativa hacia fines del 2018, y asegurarse que se ajusta a los objetivos del gobierno, a la vez que resulta internacionalmente competitiva y simple de implementar”.

El presidente de la UMA nos comenta que “este llamado a consulta pública, que pretende establecer impuestos sobre el saqueo de nuestros recursos, tiene un doble impacto negativo, que es fundamental entender”.

“El primero es que aún no existen palabras claras públicas y bien publicitadas de rechazo sobre ella, ni denuncia al respecto, o por lo menos no se hicieron oír en ningún lugar, y el segundo, ligado al primero, es que la colonia publicita esta afrenta, incluso internacionalmente, para darle visos de legitimidad. Una estrategia que se ve lamentablemente fortalecida al no existir un reclamo institucional, que denuncie este vergonzante acto de coloniaje”.

“Por esto es que creo que el rechazo de la Legislatura Provincial al descaro por parte de la población implantada de establecer cualquier tipo de impuesto para reglar el saqueo de nuestros recursos en general y los no renovables en particular, debe ser rotundo e inmediato. Como también debiera serlo a cualquier estudio de impacto ambiental que pretenda legitimar un actividad unilateral ilegítima, que incluso luego puede transformarse en un verdadero problema para millones de argentinos”.

“Desde nuestro espacio creemos que para tratar de contrarrestar este ilegítimo acto unilateral por parte de la colonia británica en nuestro territorio, debemos hacer dos cosas fundamentales. La primera es que nuestro cuerpo legislativo provincial declare su rechazo a todo intento de establecer impuestos sobre un territorio argentino y que en este caso pertenece a nuestra provincia, así como que también todo intento de la población implantada de reglar lo atinente a la cuestión ambiental, y la segunda es que se eleve un pedido de informe al Ejecutivo Nacional para saber cuáles fueron las medidas tomadas hasta el momento y cuáles serán las que se tomarán, ya que en cuanto a los impuestos en sí, es nuestro país y nuestra provincia los que deben establecerlos a favor del único pueblo al que pertenecen las islas Malvinas, que es el argentino”.

“Este avasallamiento de nuestra soberanía fiscal, consiste en violar deliberadamente la exclusividad que tiene el Estado de establecer la potestad tributaria dentro de su territorio debe ser denunciado y/o expuesto de todas las maneras posibles. Y esto debe hacerse porque el territorio sobre el que pretenden imponer normas impositivas es argentino, y es al Estado Argentino, por medio de sus representantes, es quien tiene el legítimo poder de hacerlo”.

“La ocupación colonial existe y es un crimen según la Asamblea General de la ONU; el llamado a solucionar la disputa entre los criminales británicos y nuestro país también existe por (Resolución 2065), y es por ello que también existe un deber de no ejecutar medidas unilaterales que violen el deber de no innovar mientras se transita el camino de la descolonización (Resolución 31/14), que indefectiblemente debe resultar en que nuestro país recupere el ejercicio pleno de soberanía sobre la totalidad de nuestro territorio temporalmente usurpado, teniendo como obligación nuestro país, respetar los intereses y el modo de vida de los isleños”.

“Si el Congreso Nacional no autoriza a la colonia a hacer un sistema tributario diferente al que ya existe en argentina, y que abarca el territorio usurpado, la intención de los usurpadores isleños y el poder imperial mandante deviene en claramente “unilateral”, y por lo tanto viola todo el derecho internacional, así como las resoluciones del Comité de Descolonización y la Asamblea General. Esto es importante entenderlo ya que esto hace que esta actividad que pretendemos se rechace sea pasible de ser denunciada con el objetivo de que no se continúe en esta actitud lesiva a nuestro país en particular y a la comunidad internacional en general”.

“Esto lo digo porque es importante focalizar que un Comunicado Conjunto, como el Foradori-Duncan, avalado por un gobierno anti-nacional, genuflexo y anglófilo como el de Mauricio Macri, no confiere bilateralidad alguna a lo que pretenden hacer la ilegítima colonia en Malvinas”.

“Con esto quiero decir que hay que denunciar la consulta y sus aviesas intenciones para generar la inseguridad necesaria que permita desestabilizar los planes del Reino Unido, las empresas o los vasallos británicos injertados en nuestras Malvinas, todos direccionados a creer que pacíficamente vamos a consentir este atropello a la soberanía nacional y las instituciones provinciales y nacionales”.

“A su vez, esta declarada inseguridad jurídica, se transformara en un factor disuasivo a la depredación y/o explotación extractiva de nuestros recursos naturales aumentando los costos por la aplicación del “principio de riesgo”. También, y no es menos importante, es una manera de exponer internacionalmente el nivel de arbitrariedad británico”.

Nuestra ley es clara: “Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental, pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional”.

“Es decir que por más que existan las más claras intenciones -que claramente existen- por parte de Macri y su cofradía de anglófilos entregadores de favorecer este tipo de actividades coloniales, vergonzantes y lesivas, la realidad es que solo serán bilaterales cuando el Congreso de la Nación por medio de una ley dé su aval para que la colonia establezca un régimen impositivo diferente al que ya existe en el territorio argentino que ellos parasitan, y hasta que eso ocurra es nuestro deber denunciar y repudiar”.

“Nuestro poder legislativo provincial tiene la potestad de instruir a sus representantes en el Congreso de la Nación para que este cuerpo deliberativo nacional exponga su rechazo la citada actividad del RU y su colonia. Pero suponiendo que la palabra “instruir” no guste o tenga visos de inconstitucionalidad, a pesar de figurar en nuestra constitución provincial (art. 105, inciso 6), podemos decir que la legislatura puede y debe pedir amablemente, de manera formal, a nuestros Diputados y Senadores, analicen la posibilidad de que ante tamaña ilegalidad se arbitren los medios necesarios a fin de lograr obtener información para ser divulgada, y un rechazo de lo que está sucediendo”.

“Nosotros tenemos leyes provinciales y nacionales claras con respecto a esos recursos estratégicos y no es de buen argentino permitir que se violen o se consienta con silencio, el que quieran ser ignoradas o modificadas unilateralmente”.

“Debemos destacar que los criminales británicos históricamente siempre se mostraron extremadamente eficientes a la hora de hacer rentables sus colonias, y es por ello que debemos estar atentos a todo tipo de artimaña colonial publiciataria como esta, que espera solapadamente el silencio argentino para abaratar sus intenciones de saqueo”.

“La publicitación de esta consulta y el silencio de nuestro país, hacen más grave todo, ya que por lo menos un reclamos enérgico debiera existir para no dejar todo en la “aquiesencia”, que es lo que más anhelan tanto usurpadores como entreguistas. El silencio y las malas decisiones son amigos incondicionales de quien, desde 1833, usurpa nuestro territorio”.    

“Los recursos no renovables son un capital estratégico de nuestra nación y no se puede permitir, menos con el silencio, que se pretenda establecer cualquier modalidad impositiva para tratar de cohonestar el vil robo de la colonia, ya que es indiscutidamente argentina la potestad para determinar el régimen impositivo aplicable a la explotación o exploración de hidrocarburos en nuestro territorio. De nadie más. Y toda actividad en este sentido es claramente ilegal, por ser una acto unilateral que lesiona nuestros intereses soberanos y trata de consolidar la violación de nuestra integridad territorial.

“Es atribución de nuestro país, hacer esto, y no de poblaciones implantadas por una metrópoli lejana para saquear territorios que legítimamente pertenecen a pueblos libres y pacíficos, como el argentino”. 

“Luego de lanzada la bomba en 2018, el silencio estratégico de la colonia y la potencia criminal que la sostiene es entendible, lo que no se entiende es la ausencia de crítica por parte de nuestro gobierno nacional. No podemos permitir que un par de miles de habitantes implantados decidan unilateralmente llamar a consulta acerca cual va a ser el sistema impositivo para saquear nuestros recursos, establezcan los parámetros ambientales para el robo, a costa de todos los fueguinos, los patagónicos, los argentinos y los latinoamericanos. Debemos ser el epicentro de la malvinización en este sentido”.

“El repudio y denuncia debiera surgir de la Legislatura fueguina, para luego ser replicado por todas la provincias, principalmente las de la Patagonia. El Parlamento Patagónico es un gran instrumento para crear la inseguridad jurídica necesaria para encarecer toda intención del RU de hacer más rentable su colonia, así como poner algún freno al descaro del usurpador y las empresas cancerosas que pretenden explotar nuestros recursos.

“Esta metodología ya la propusimos el 29 de diciembre de 2015 por medio de un proyecto presentado también en la Legislatura, llamado Frente Malvinizador Patagónico (link), en él habíamos propuesto un trabajo interprovincial y patagónico, para frenar la profunda desmalvinización que se avecinaba, y hoy indiscutidamente sufrimos. Un proyecto que lamentablemente no fue tenido en cuenta, pero espero este año de elecciones pueda ser de interés”.

“Es importante destacar que esta, ni ninguna de nuestras propuestas, colida de manera alguna con las potestades del gobierno nacional, porque no busca más que dejar clara la postura fueguina. Esto lo destaco porque si alguien dice que es necesario consultar a Cancillería para llevar a buen término lo propuesto, es porque claramente no quiere que nuestra provincia haga algo serio para exponer su sentir y pensar, y seguramente está a favor del Comunicado Conjunto y las políticas entreguistas que se vienen desarrollando. Algo que ya ocurrió en otros proyectos presentados por nuestro espacio y de los que quizás hablemos en otra ocasión”. 

“Nuestra provincia no solo puede, sino que tiene el deber, de exhibir su parecer. No es necesario consultar a la Cancillería y al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre si podemos o no exhibir nuestra postura como provincia. Además nosotros en la iniciativa, luego de e4xponer el parecer de nuestra provincia, preguntamos al gobierno nacional cual es su parecer por medio de un pedido de informe sobre lo que ellos ven la consulta kelper”.

“No nos dejemos engañar, las declaraciones de la Legislatura no deben ser consultadas con Nación, porque son un acto político que expone el pensar y sentir fueguino, que a la fecha ha mostrado no ser de interés de la gestión Cambiemos”.

Por último, sostiene Moreno, que considera “debe existir un rechazo y un accionar institucional tan uniforme como el actual silencio al respecto”.