sábado 20 de julio de 2019 - Edición Nº1034
Critica Sur » Sociedad » 6 feb 2019

POLÌTICA

Por decreto, Chubut prohibió el ingreso de extranjeros con antecedentes penales a la provincia

Lo firmó el gobernador peronista Mariano Arcioni. También se dispone la expulsión de ciudadanos de otros países que tengan condena y se encuentren en territorio chubutense. El promedio de extranjeros en las provincias patagónicas ronda el 10% de la población.


El gobernador peronista de Chubut, Mariano Arcioni, en una decisión controvertida, dispuso por decreto no permitir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales a la provincia y expulsar a aquellos condenados por delitos cometidos en la Argentina o en el extranjero.

El artículo 1° del decreto dice textualmente: "Disponer por intermedio del Ministerio de Gobierno la realización de aquellas medidas conducentes a la expulsión y prohibición de ingreso a la provincia de Chubut, de ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentren cumpliendo condena, que reúnan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en la República Argentina o en el extranjero".

Federico Massoni, ministro de Gobierno provincial, declaró a medios chubutenses que "no podemos permitir la delincuencia importada ni de ningún tipo en nuestro territorio. Es inadmisible que ,una vez que se los detiene con el esfuerzo del Estado y la Policía, cada ciudadano aporte $ 4700 diarios para mantenerlos".

Para el abogado constitucionalista Félix Loñ, "cada provincia tiene potestad dentro de los límites de su territorio. En tanto no se extralimite en sus facultades, no veo que sea inconstitucional que se pueda expulsar a un extranjero del territorio provincial. Pero, la expulsión por si sola no soluciona nada. Si el expulsado va de Chubut a Rio Negro, en la provincia vecina puede cometer delitos que tengan repercusión en Chubut". Otro de los puntos centrales, según el jurista, "si alguien cometiera el delito de femicidio, por ejemplo, y se lo expulsa, no podríamos tener seguridad en el proceso de su condena. En su país de origen no tenemos control de la continuidad del proceso penal", recalcó.

Mientras tanto, el segundo artículo del polémico decreto -que ya fue calificada como "precaria" por diversos juristas consultados por Clarín-  sugiere un canal de diálogo con el Ejecutivo Nacional, que hace tiempo intenta una reforma migratoria para poder aplicar esas medidas que el cuerpo legal por ahora impide ejercer sin una decisión del Poder Judicial.

En el decreto se habla de "impulsar la formalización de convenios vinculados con acciones recíprocas y de colaboración con la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Presidencia de la Nación",según expresa el texto.

El decreto rubricado por Arcioni fue cuestionado en forma unánime por los constitucionalistas consultados por Clarín, quienes coincidieron en sostener que excede las atribuciones de la provincia, al arrogarse facultades del Gobierno nacional.

"No es de competencia provincial, como así tampoco las penalidades. La inconstitucionalidad es clara", opinó Daniel Sabsay. "La provincia es autónoma, no soberana", añadió el jurista.

 "Todo lo que tiene que ver con lo migratorio es competencia de la Nación, lo mismo que con las relaciones exteriores", completó Sabsay, quien estimó que el párrafo del decreto que habla de establecer convenios con la Dirección Nacional de Migraciones "es para esconder la inconstitucionalidad" del primero que generó la polémica.

Su colega Jorge Amaya sostuvo que prohibir el ingreso de los extranjeros al Chubut "es de dudosa constitucionalidad, porque contraviene el artículo 20 de la Constitución Nacional" que establece que "los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano".

"Lo de la condena no firme también sería inconstitucional por el principio de la presunción de inocencia", añadió Amaya, quien sí en cambio sostuvo que "una provincia puede disponer que algunas personas con condena sean expulsadas de su territorio" porque "la provincia tiene su jurisdicción penal".

Otro constitucionalista consultado por Clarín, Andrés Gil Domínguez, expresó que el decreto firmado por el gobernador Arcioni "desconoce la ley migratoria" que le da al gobierno federal la competencia en esa materia y que lo dispuesto en el texto implica prácticamente una "secesión".

Gil Domínguez cree que la polémica medida está "direccionada a surtir un efecto político en un año electoral" pero descartó que tenga relación con la problemática mapuche que llevó al río Chubut a la tapa de los diarios por varios meses a raíz de la muerte del artesano Santiago Maldonado.

Consultado Félix Loñ, indicó que el organismo que recibe a los extranjeros, en este caso la Dirección General de Migraciones, es quien tiene que preocuparse por fiscalizar los antecedentes penales de quienes decidan entrar al país. En esta materia, "la norma provincialno puede estar en contra de una ley nacional que se aplica en todo el país", sugirió el especialista en derecho constitucional.

Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, Chubut es la tercera provincia con más extranjeros del país en proporción a la cantidad de habitantes. Sólo se ve superada -en porcentaje- por Santa Cruz y Tierra del Fuego. El promedio de extranjeros en algunas provincias patagónicas ronda casi el 10% del total de habitantes.

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