El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, concluyó el viernes con la etapa de alegatos, en el marco de la audiencia oral y pública que se desarrolla en Ushuaia -caratulada “Pérez, Diego Leonardo s/homicidio agravado”-, para identificar al autor intelectual por el crimen de Claudio Prada, ocurrido en junio de 2009.

En esa oportunidad, el Fiscal Nicolás Arias solicitó al Tribunal la pena de prisión perpetua para Diego Pérez, por considerarlo autor del Crimen de Claudio Prada, hecho que calificó como homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego (art.80 inc.6to y 41 bis del CP).

El agravante que tuvo en cuenta el Doctor Arias fue la naturaleza de la acción, ya que se produjo de noche y en el domicilio de la víctima, y el atenuante que valoró fue que Pérez no tiene antecedentes en penales.

“Existió un plan premeditado entre los tres sujetos que ya están condenados y Diego Pérez, para dar muerte a Prada”, afirmó el representante del Ministerio Público Fiscal, quien pidió al Tribunal que se tengan en cuenta las pruebas en conjunto y no por separado.

No obstante, la Defensa de Pérez representada por los Doctores Pedro Fernández y Matías Pérez Iglesias, alegó que la hipótesis del Fiscal “no reúne un grado de certezas”, por lo que entendieron que “no queda otra vía más que la absolución” de su defendido.

Concluida la etapa de alegatos, el Tribunal de Juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles 9, a las 9.30, oportunidad en la que Diego Pérez tendrá la posibilidad de dirigirse por última vez antes los jueces, antes de conocerse el veredicto.

Aventura, narcotráfico y muerte

En el juicio de 2013, se demostró que Prada halló un cargamento de droga oculto en el barco que trasladaba a Europa en junio de 2008, y que decidió ocultarlo en una playa próxima a Porto Seguro, en Brasil, para luego contactar a su “amigo de la infancia en Ushuaia”, Pérez, a quien le solicitó que “ubicara” el estupefaciente.

La jueza Barrionuevo concluyó que Pérez no le entregó a Prada el dinero convenido por la droga, y que ello generó una situación de tensión porque la víctima del crimen comenzó a comentar lo ocurrido en los círculos de amigos que ambos frecuentaban.

“Era evidente que Prada, quien conocía perfectamente el ambiente de la droga, suponía que algo malo podía llegar a sucederle a raíz de las diferencias que mantenía con Pérez por las exigencias de entrega de dinero. Por eso tomó las fotografías que los comprometían a ambos con el cargamento”, puede leerse en el expediente judicial.

Según la Justicia, Pérez contrató a los sicarios para que vinieran a Ushuaia a matar a Prada, a quien le dispararon un tiro en la cabeza el 19 de junio de 2009 a las 7 de la mañana.

Barrionuevo valoró que diez minutos después de perpetrado el crimen, uno de los sicarios habló durante 24 segundos con el celular del presunto autor intelectual.

También dio por demostrado, por otra llamada telefónica, que Pérez estaba en Aeroparque, en Buenos Aires, cuando los sicarios regresaron de la provincia, el 20 de junio a las 0.20, quizá para pagarle una suma de dinero por lo realizado.

“La muerte de Prada fue el resultado de una serie concatenada de circunstancias directamente vinculadas a la comercialización de la droga hallada por la víctima en el velero”, aseveró la magistrada.

Al apelar el fallo, la defensa de Pérez centró su estrategia en que “no existen pruebas de convicción que lo involucren en el hecho”.

No obstante, los camaristas avalaron la existencia de una serie de “indicios concordantes, que permiten relacionar los abonados en cuestión con el imputado”.

Tanto el juez Bramatti, que fundamentó la resolución, como Loffler, que adhirió a su voto, apoyaron la hipótesis expresada por la jueza de primera instancia y ratificaron el procesamiento y la prisión preventiva de Pérez, a quien sus antecedentes como prófugo le jugaron en contra a la hora de evaluar si debía continuar detenido o recuperar la libertad hasta el momento del juicio oral y público.

La defensa se reservó el derecho de recurrir en casación ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia y eventualmente ante la Suprema Corte de Justicia a través de un recurso extraordinario federal.