En declaraciones a FM Aire Libre, Alonso detalló que el objetivo de la audiencia con el Juez Federico Calvete está relacionado a “conversar algunas cuestiones inherentes a la causa, y también para presentar un nuevo escrito, que tiene que ver con amenazas y amedrentamientos que lamentablemente estamos sufriendo algunos de los querellantes en esta causa por parte de algunos de los imputados”.

“Esta causa fue iniciada en 2007, lleva once años y en todo este tiempo tuvimos que sufrir toda una política de que esto no se sepa, de ocultar y de operaciones de prensa como que esto era una gran mentira”, señaló.

En ese sentido, el excombatiente sostuvo que a partir del llamado a indagatoria y prisión por parte del Fiscal Federal Marcelo Rapoport de 26 militares “y que el pasado 18 de octubre la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia nuevamente dictamina que se trata de graves violaciones a los derechos humanos y que el Estado tiene la obligación de investigar, evidentemente esta gente está muy nerviosa”.

“Entonces empiezan a activar en las redes sociales, con imágenes y fotos de miembros del CECIM La Plata y en cabeza de mi persona también, generando un clima de incitación a la violencia que nos preocupa muchísimo, porque además esto condiciona el debido proceso de la investigación”, sostuvo.

Para Alonso “es aquí donde la justicia debe actuar y debe dar protección particularmente a quienes fueron víctimas y que se dé mayor celeridad a este proceso”

“Si comparásemos con cualquier otra causa el nivel de pruebas que tiene esta causa, ya tendríamos que estar por lo menos en la instancia de juicio oral, así que esto también va a ser planteado en la audiencia”, remarcó.

Apuntando contra la “responsabilidad del Estado y del Poder Judicial de la Nación por tantos años de espera”, Alonso aseguró que “se siguen sumando pruebas a partir de la desclasificación de los archivos secretos de Malvinas del año 2015”.

“Hay pruebas contundentes porque son los propios documentos oficiales de las Fuerzas Armadas que constatan estos hechos, entonces entendemos que no hay más tiempo para dilaciones”, agregó.

Y cerró: “Hay una responsabilidad del Estado y del Poder Judicial que debe tratar esto con la mayor celeridad posible, y aquellos casos que se determine algún tipo de delito que sea condenado”.