La causa que investiga la justicia Federal figura como “Echegoyen, Gustavo s/dcia”. Se trata del ex administrador de la Aduana local en el año 2014, respecto de una anomalía detectada en la sección “automotores” de la repartición nacional en Río Grande.

Según dio a conocer hoy el portal de noticias ActualidadTdf, una auditoría efectuada en la Aduana local detectó un descontrol en el manejo de los trámites de liberación de vehículos afectados al régimen promocional de la ley 19.640.

Bajo este régimen los autos nacionales liberan después de tres años al momento de su patentamiento, y los importados cinco años. La liberación se puede realizar anticipadamente pero pagando un canon establecido que es proporcional al tiempo restante para la liberación.

Sin embargo, los vehículos importados tienen un plazo durante el cual los dos primeros años no pueden ser liberados bajo ningún motivo ni arancel, a pesar de lo cual algunos autos importados fueron liberados durante ese lapso de tiempo.

La primera auditoría detectó que “al menos en diez oportunidades” los registros del automotor liberaron vehículos a partir de notas presentadas por particulares, procedentes de la Aduana, y todas firmadas por quien entonces era el único autorizado a tal fin; el principal imputado de la causa: Walter Eduardo Servian.

La maniobra, que se busca determinar judicialmente, consistía aparentemente en el fraguado de antiguas notas de liberación, las cuales eran fraguadas con los datos del vehículo a liberar en esta oportunidad, generándose “notas mellizas” que ingresaban a los registros del automotor.

Bajo esta maniobra, en el primer relevamiento se detectó la liberación irregular de diez vehículos.

Otro caso es el de un Audi A5 Sportback, al momento de la denuncia propiedad del ex legislador y empresario automotor, Adrián Liendo, vehículo que actualmente se encuentra radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este rodado no podría haber sido liberado en el 2013 por su condición de importado, que al momento vedaba totalmente esa posibilidad por estar dentro de los dos primeros años al momento de su patentamiento.

En este caso específico el trámite de liberación lo hizo el vendedor del rodado, adquiriéndolo el ex legislador Liendo, quien lo terminó sacando de la provincia.

La denuncia estima la existencia de un perjuicio fiscal, en los casos que hubiera correspondido pagar un canon por la liberación, en más de 600 mil pesos que no ingresaron al fisco.

Incluso el denunciante aporta datos de otros automotores liberados, respecto de los cuales no hay actuaciones administrativas que se hayan podido encontrar en la aduana local.

Los informes solicitados por la Justicia a los registros del automotor permitieron determinar que esos cuatro vehículos sobre los que se consultó; están todos fuera de la provincia. Un Volkswagen Fox en la provincia de La Rioja, una Toyota Hilux 4x2 en Río Gallegos, una Toyota Rav en Tortuguitas, y una Toyota Hilux 4x4 en Río Gallegos que al momento de la maniobra de liberación estaba registrada a nombre de Leandro Báez, hijo del empresario kirchnerista detenido, Lázaro Báez.

La causa cuenta con una veintena de imputados, encabezados por el ex agente aduanero Walter Servian, y otro identificado como Eduardo Amari, quien se encontraba también en el área Automotores, pero que no tenía potestad de firmar los documentos. Asimismo se suman a la lista los propietarios de los vehículos que realizaron el trámite de liberación –trámite que es personal-, e incluso dos gestores, los cuales a la actualidad se encuentran prófugos, fuera de la provincia.

Según informa el mismo medio, la Justicia Federal en dos años de proceso solo se limitó a una ronda de indagatorias, para la cual aún resta indagar a tres imputados, por lo que se estaría aguardando la posibilidad de un pronunciamiento judicial recién a finales de este año, con el limitante de tener actualmente un juez subrogando desde Ushuaia.

A dos años de detectadas estas irregularidades, el agente Servian solo tuvo como sanción el desplazamiento hacia la agencia local de la DGI-AFIP, donde reviste actualmente cargo. Se trata del único agente designado en aquel momento con la firma que permitía liberar automotores, por lo que su situación procesal es sumamente complicada.

A la par de esta causa existe una segunda patrocinada de manera particular por un empleado aduanero despedido, Julio Achaval, en lo que se insinúan vinculaciones de Servian con el ex vicegobernador, y contador de la Aduana, Daniel Gallo, quien hace poco tuvo un allanamiento a su vivienda por otras causas en las que se investiga lavado de dinero.

Achaval hizo una presentación judicial por amenazas sufridas por el juicio laboral que lleva adelante contra la Aduana, en el marco de la cual da cuenta de un cúmulo de irregularidades.

Entre estas menciona que el contador de Aduana, Daniel Gallo “participaba de dudosas liberaciones de vehículos de alta gama y otros”.

Gallo incluso es titular de la firma Jet Pack, lo que el denunciante considera una “incompatibilidad de funciones” con su rol aduanero, ya que se desempeña en un ente que debe ser contralor también del movimiento postal y de cargas.

Asimismo Gallo también es un reconocido coleccionista de rodados de alta gama y antiguos, teniendo su colección de automóviles en el barrio porteño de Barracas.

La denuncia de este particular indica que “se vio beneficiado por oficiosas gestiones –de Servián- en los trámites de liberación de vehículos, a más de ser este último –Gallo- coleccionista de vehículos de alta gama”.

En la denuncia se adjunta documentación respecto de numerosos vehículos, siendo llamativa la presencia de uno de ellos, un Chevrolet Camaro del año 2014, patente NRD 664, el cual incluso aparece a nombre del empresario tabacalero Carlos Daniel Tomeo.

El auto llamativamente fue liberado en el mismo año 2014, a los pocos meses de adquirido, en una maniobra poco clara y sobre la cual la Justicia aún no avanzó. En igual sentido es poco clara la situación de la famosa Ferrari, dominio IAG 320, que la Justicia buscó en el allanamiento a la casa de Gallo en calle Arteche, la cual también tuvo un trámite de liberación con suma celeridad.

La presentación de Achaval no tuvo avances significativos, de hecho el denunciante recusó a la por entonces jueza Lilian Herráez, y al propio fiscal, Marcelo Rapoport, por falta de impulso a la investigación.