A través de su Mesa Ejecutiva Provincial, el partido Nuevo Encuentro presentó una nota al Municipio y el Concejo Deliberante, en la que reclama información sobre “estudios de la potabilidad y salubridad del agua provista por la red domiciliaria que se practicaran a partir del 1° de enero de 2016 y hasta la fecha, con especial enfoque en exámenes bacteriológicos”.

La presentación se realizó a partir de la denuncia publicada por Crítica Sur sobre el vertido de líquidos cloacales al río Grande, desde la estación elevadora ubicada en las calles Juan José Paso y Sarmiento, en el Parque Industrial.

“Demás está aclarar que preocupa sobremanera el dato de que hace más de 40 días que se está contaminando la fuente de agua que bebe la población, con líquidos cloacales crudos, de lo cual nos enteramos porque un periodista en el ejercicio privado de su oficio lo informa, a partir de lo cual se nos dice que a lo mejor en diez días más se sabrá si la contaminación de marras afecta el agua de red que se consume en las casas de la ciudad, o no”, plantea el escrito que lleva la firma de Verónica Portillo, titular de la Mesa Ejecutiva Provincial.

Nuevo Encuentro reclama además “detalle de acciones llevadas a cabo a partir del desperfecto en la planta elevadora que determinara el lanzamiento de efluentes crudos al río”, así como pide información sobre “planes, protocolos de procedimiento, equipamiento e infraestructura para encarar contingencias como la referida de un modo seguro y saludable”.

“Mientras funcionarios de Finanzas hablan de que en el proyecto de presupuesto para 2017 el pavimento es una prioridad, los concejales se preocupan por las vidrieras de las concesionarias de autos o un plan de acción para eventuales temblores de tierra, pero resulta que no sabemos si el agua que estamos consumiendo contiene un nivel tolerable de bacterias porque el mismo Estado que lo debe garantizar está arrojando al río que alimenta la red desechos cloacales no tratados”, cuestiona Portillo en la nota.

Por último, desde Nuevo Encuentro consideran que “es el Estado el que debe estar al frente de informar a la población, con miras a prevenir eventuales epidemias o riesgos para la salud en general de la población”.