Más de 150 médicos, enfermeros, psicólogos y profesionales de Tierra del Fuego se expresaron públicamente su respaldo al derecho al aborto desde su práctica cotidiana en el sistema de salud más allá de los valores morales e individuales".

"Asumimos el compromiso de acompañar a las personas que se encuentran frente a un problema de salud pública", afirman.

En el documento afirman que "espetamos las objeciones de conciencia personal, pero advertimos que reconocer la pretensión de (algunas) instituciones públicas o privadas de eximirse de la provisión de servicios de IVE es desproporcionado, teniendo en cuenta la implicancia que la misma genera a la libertad y derecho al acceso a la salud de las pacientes y problemas para el sistema de salud".

Y sostienen que "conocemos los numerosos y complejos motivos por los que a veces una persona llega a tomar la decisión de interrumpir un embarazo, pero aún si estos datos no fueran conocidos, entendemos que la intervención debe priorizar el respeto a la autonomía y libre decisión de las personas. Cuando no se pudo prevenir, cuando todo falló y no se pudo acceder a la información o los insumos necesarios, sería una equivocación arrogarnos la atribución de juzgar a quienes toman la decisión de abortar, cuando nuestro deber es el de asistir desde nuestra formación profesional".

El documento completo:

Nosotras y nosotros, profesionales de la salud de la Provincia de Tierra del Fuego, hacemos pública nuestra convicción de respetar y garantizar los derechos de las personas que solicitan interrupciones legales de embarazos.

Asumimos el compromiso de acompañar a las personas que se encuentran frente a un problema de salud pública. Respetamos sus decisiones sin anteponer nuestra opinión y cumplimos las normativas vigentes en un Estado que debe velar por los intereses colectivos de la población por sobre cualquier dogma de fe.

Respetamos las objeciones de conciencia personal, pero advertimos que reconocer la pretensión de (algunas) instituciones públicas o privadas de eximirse de la provisión de servicios de IVE es desproporcionado, teniendo en cuenta la implicancia que la misma genera a la libertad y derecho al acceso a la salud de las pacientes y problemas para el sistema de salud.

En tal sentido el proyecto que actualmente se encuentra en estudio en el Senado ha establecido una solución que se adecua a lo decidido por la Corte Suprema en el fallo FAL (2012), en el que se reconoció la objeción individual, bajo determinadas condiciones y no así la institucional.

Conocemos los numerosos y complejos motivos por los que a veces una persona llega a tomar la decisión de interrumpir un embarazo, pero aún si estos datos no fueran conocidos, entendemos que la intervención debe priorizar el respeto a la autonomía y libre decisión de las personas. Cuando no se pudo prevenir, cuando todo falló y no se pudo acceder a la información o los insumos necesarios, sería una equivocación arrogarnos la atribución de juzgar a quienes toman la decisión de abortar, cuando nuestro deber es el de asistir desde nuestra formación profesional.

Nuestra función seguirá encaminada a cuidar la vida, la salud y el bienestar de personas gestantes mediante una atención integral de calidad y garantizar el acceso a las prestaciones y recursos que las normas asignan.

Tanto quienes deciden la interrupción del embarazo como los profesionales de la salud, lidiamos a diario con el estigma social e institucional alrededor del aborto que dificulta el acceso a servicios de calidad, con tecnologías adecuadas, en el marco de confidencialidad y respeto a las decisiones responsables y autónomas, por lo que solicitamos la legalización de esta práctica sanitaria necesaria.

Las demoras, excusas y obstáculos a sortear, toman diversas formas, van en detrimento de los resultados en salud deseables, fomentan la clandestinidad, ponen en riesgo la vida y la salud de las personas más pobres, y lo que a algunas les cuesta dinero a otras les cuesta la vida.

Todo ello, bajo un juicio social que anula y menoscaba la dignidad de las personas.

Por todo esto, celebramos la media sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. La democracia se fortalece cada vez que un derecho se reconoce dentro del cuerpo normativo.

Abogamos para que el Honorable Senado de la Nación vote sin modificaciones el Dictamen enviado por la Cámara de Diputados, para que nuestras leyes recorran el camino inverso a la clandestinidad que tanto daño genera y afecta de manera desigual a las personas con menores recursos simbólicos y económicos. No decirlo, no actuar en consecuencia, es funcional a su invisibilización.

Mediante este pronunciamiento público ponemos a disposición de las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y la Provincia nuestros conocimientos y experticia para seguir garantizando los derechos sexuales y reproductivos como parte inherente a nuestro trabajo, y en particular los derechos vinculados a la Interrupción Legal del Embarazo.

El embarazo, en su posibilidad o imposibilidad puede resultar profundamente transformador de la vida de las personas gestantes. Poner nuestros saberes a disposición de su autonomía para transitar una maternidad elegida y no impuesta, es nuestro compromiso como profesionales de la salud.

Creemos que las consignas sostenidas por la Campaña Nacional por el Aborto Legal en Argentina, organización multisectorial que hace más de una década viene bregando por la legalización del aborto no deja lugar a dudas en cuanto a las necesidades que deben atenderse para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos: Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

A las personas con capacidad de gestar que decidan interrumpir el embarazo, sepan que no las abandonaremos y las acompañaremos, de acuerdo con la legislación vigente. Respetaremos su decisión y sus derechos. Cuentan con nosotras y nosotros.