El doctor Carlos Sánchez Posleman, pidió en su exposición que se incorpore al proyecto la figura de la objeción de conciencia institucional, para que los institutos privados de salud tengan la libertad de abstenerse a realizar prácticas abortivas.

Actualmente, el proyecto de ley prohíbe la objeción de conciencia institucional e incluso contempla penalidades para los institutos que se nieguen a realizar un aborto.

"Si realmente se trata de una postura de Estado, debe ser abordada desde la esfera estatal, desde los hospitales públicos y en todo caso las clínicas privadas que estén dispuestas a hacerlo. Pero en el proyecto de ley que ahora se está tratando en el Senado, se comete un exceso al obligar y penalizar a aquellos institutos que no realicen abortos”, expresó el Director de Clínica San Jorge.

A continuación, el textual de su exposición ante el Senado.

"Buenas tardes, Señoras y Señores Senadores.

Mi nombre es Carlos Sánchez Pósleman, resido en la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, y hoy me presento ante ustedes, no solo como médico cardiólogo, sino también en mi rol de Socio Gerente del Sanatorio San Jorge, Institución Privada fundada por mis padres hace más de 42 años.

Estimados senadores, agradezco desde ya la invitación a esta casa, la de ustedes, y quisiera comenzar hablándoles de nuestra casa.

Quisiera decirles, que la historia de San Jorge es no solo la historia de mi familia, sino también la historia de las familias de todos los que viven, trabajan y respiran el día a día de nuestra querida Institución.

San Jorge comenzó siendo un Centro de Salud de baja complejidad, y al cabo de los años, y tras mucho esfuerzo y trabajo, logró convertirse en un Centro de referencia para la Provincia, que realiza cirugías de alta complejidad como las cardiovasculares, algo que nos enorgullece y nos alienta.

Este servicio de excelencia que brindamos hoy, es producto de un trabajo minucioso que busca asistir a la población de manera segura y responsable. Esta construcción la hicimos juntos todos los que formamos este grupo humano vivo que conforma la Institución que represento. Hemos escuchado a lo largo de estos días de debate que una Institución son solo cuatro paredes…

Yo personalmente siento y creo que por lo menos nosotros somos mucho más que eso.

El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobado con media sanción en Diputados y que se debatirá próximamente en el Senado, amerita ser tratado y analizado en profundidad, con la seriedad correspondiente, tal y como se esta desarrollando en este recinto.

Entiendo que el tema en discusión es complejo, por todas las variables que lo atraviesan, y comprendo los desafíos que tiene nuestro país en las diversas materias de salud. Lamentablemente son muchas las carencias, y escasos los recursos, y por lo menos en nuestra querida Provincia Austral, tenemos claro que cualquier esfuerzo en este sentido es bienvenido.

Sin embargo, he escuchado mencionar sobre la necesidad imperiosa de aprobar rápidamente esta Ley; sobre esto último, puedo decir desde mi lugar de médico que no hay nada más eficaz para un tratamiento que un diagnóstico correcto y rápido. Pero si por dar un diagnóstico rápido, lo doy mal o de modo incompleto, produciré un daño mayor.

En el caso de esta Ley sucede lo mismo: de su aprobación debe resultar una perfecta aplicación, una Ley acabada y ejemplar; de lo contrario, se puede producir en la sociedad y las Instituciones Médicas un daño irreparable.

Independientemente de la posición personal que podamos tener sobre el tema, es poco serio como práctica normativa que pasemos de una situación actual –penar a un médico por realizar un aborto- a penarlo por no realizarlo. Creo que al respecto hay cierto consenso ya establecido. Se les está quitando a los médicos y a las Instituciones de Salud Privadas la posibilidad de elegir libremente, coaccionándonos bajo amenaza de sanciones de distinta índole, a realizar estas prácticas. Es decir, ahora se perseguirá al Profesional Médico, al Director Médico, y a la Institución.

Las sanciones que podríamos sufrir los médicos son injustas y arbitrarias. Pienso en el médico que por alguna razón no logre cumplir el plazo sin justificación alguna de solo 5 días; o en el Director Médico, que tendría la ardua responsabilidad de la dirección y provisión de los medios, debiendo aseverar el seguimiento y derivación del paciente a un segundo Centro de Salud; o las penalidades que recaerán sobre la Institución, que por ser considerada “un ámbito de cuatro paredes”, no podrá objetar manifestando un ideario colectivo.

En relación a esto último, entiendo que esta norma que desconoce la posibilidad de objeción de conciencia institucional me obligará, como cabeza de la Institución a la que represento, a tomar decisiones y acciones sin contemplar mis convicciones éticas o religiosas, ni la voluntad del grupo humano del que se compone. La objeción de conciencia institucional en orden a la práctica médica, debería tenerse en cuenta porque el embarazo no es una patología, es un estado de salud, y su interrupción va más allá de los actos médicos contemplados en el ejercicio de la medicina que se desarrollan dentro del Sanatorio.

Queremos, como equipo de personas que participa aunque sea de modo indirecto en cualquier práctica que ocurre dentro de la Institución, tener al menos la posibilidad de objetar en conjunto.

Por otro lado, desde un punto de vista médico, considero evidente que aquella mujer que no quiere tener hijos por razón de padecer algún mal, ya sea en su cuerpo o su mente, o cualquier otra causal que generaría para ella un embarazo arriesgado, se le debería proveer de la información contraceptiva adecuada. Además, por supuesto, es fundamental que dicha mujer conozca los riesgos y complicaciones, inmediatos o mediatos, que puede ocasionar la práctica abortiva, ya sea en su capacidad reproductora, o detrimento de su salud, y hasta en la vida de la mujer.

Les recuerdo, estimados senadores, que incluso los que están a favor de aborto admiten con justa razón y causa que, en sí misma, la práctica es nociva y posee complicaciones. En ese sentido entendemos que la ley falla al no permitir a los médicos siquiera mencionar estos temas.

Con el noble fin de preservar el bienestar futuro de la mujer entendemos que el aborto en si es la ultima opción posible. El aborto es un drama para la sociedad, y especialmente para la mujer, y las causas que llevan a esta realidad son las que deberíamos todos intentar atacar. La falta de programas y de información atentan contra la salud de las mujeres y los niños de nuestro País, y en ese sentido entendemos que el parlamento argentino puede hacer mucho para aliviar estos temas.

Para concluir, entiendo que el Proyecto establece un derecho a la objeción de conciencia restrictivo que, en la práctica, restringe al mínimo la objeción de conciencia institucional, nos niega la libertad de expresión, abriendo la puerta a la amenaza penal y la discriminación laboral. Les pedimos de modo explícito que no se penalice a los objetores de conciencia institucional, ya que sería una gravísima violación a nuestros derechos.

Les agradezco nuevamente el tiempo que me han dado para expresarles mi opinión respecto a esto. Resta pedirles, que no aprueben este Proyecto tal y como está ahora, pero si realmente creen que es necesario para la sociedad pero perfectible, hágannos enorgullecer y mejórenlo; modifiquen lo que consideren oportuno, y que de ello resulten menos voces divididas. Gracias."