El dictamen favorable se produjo cinco días después de una nueva marcha multitudinaria para defender los derechos de la mujer bajo el lema de “Ni una menos”.

La senadora nacional por Río Negro, Magdalena Odarda (Frente Progresista CC-ARI), celebró la aprobación del proyecto que ella presentó y sostuvo que “la desigualdad es la causante de la discriminación y violencia”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, Marina Riofrío (PJ-Frente para La Victoria), remarcó la importancia de “dotar al Poder Ejecutivo de una herramienta con la cual poder trabajar en serio” contra la violencia de género.

La senadora señaló durante el debate que el proyecto -contó con el respaldo de la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez- que hubo muchos de sus colegas que se levantaron de sus bancas y se dispersaron a la hora de debatir este proyecto, que fue el último del temario.

“La violencia de género es muy amplia: esto de levantarse o creer que se trata un tema menor también es violencia”, advirtió.

La emergencia duraría por dos años, prorrogables por otros dos si el Poder Ejecutivo lo considera necesario, y “tendrá por objetivo primordial prevenir y revertir el número de víctimas por violencia de género en todo el territorio nacional”, precisó el portal Parlamentario.com.

En el artículo segundo se establece que dotará al Consejo Nacional de las Mujeres del presupuesto necesario para cumplir su función de órgano de aplicación de la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Asimismo, faculta al Ejecutivo a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para implementar medidas destinadas a las víctimas, entre ellas la creación de casas refugio para albergar a las mujeres.

También se establece para las mujeres que se encuentren en situación de emergencia por violencia de género una asignación económica mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Esta asignación estaría a cargo de la ANSES, durante todo el tiempo en que la víctima se encuentre fuera de su domicilio o hasta tanto se reinserte laboralmente, según cada caso.