El Gobierno publicó hace una semana un decreto por el cual se establecía la apertura del proceso de retiros voluntarios para la administración pública nacional.

En ese contexto, y con las finanzas cada vez más ajustadas, en los últimos días las provincias empezaron a hacer uso de un artículo del Pacto Fiscal que sostiene que Nación financiará los planes de retiro, y llovieron las consultas en Casa Rosada.

Según los datos que dio a conocer el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, en la Argentina hay 3,2 millones de empleados públicos.

De ese total, 750.000 son del Estado nacional y 200.000 de las universidades; el resto forma parte de las administraciones provinciales y municipales, en las que los estados de la Patagonia aparecen con mayor peso de empleados públicos por habitantes.

Así mientras Nación avanza, algunos distritos decidieron lanzar sus propios planes y otras están estudiando la forma.

Por ejemplo, Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz, ya abrieron planes de retiro en donde apuntan a reducir la masa de asalariados que tienen las administraciones.

En algunos casos, a los retiros voluntarios le suman el congelamiento salarial como es el caso de las patagónicas gobernadas por Alicia Kirchner, Rosana Bertone y Mariano Arcioni.

Otras provincias lo están discutiendo en su Legislatura, como es el caso de Río Negro y Neuquén.

Y un tercer grupo está haciendo averiguaciones para saber cómo se aplicaría el artículo del Pacto Fiscal en donde la Nación se comprometía a financiar los planes de achicamiento de la masa laboral.

Este artículo establece que la Nación va a "financiar, con líneas de crédito especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales. Esos programas deberán cumplir con las pautas que establezca la Nación, las que incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral".

Desde el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Viviendas que comanda Rogelio Frigerio explicaron a El Cronista que "todavía nada concreto. Pero pensamos que casi todas van a pedir financiar los programas de retiros".

La provincia de Salta ya anunció que se adherirá a este sistema. La administración de Urtubey ya notificó a unos 1.700 agentes estatales para que se jubilen, ya que cumplieron con la edad estipulada, y busca reducir aún más la masa salarial.

Mendoza es otra provincia que está estudiando el modelo. Fuentes de la administración Cornejo explicaron a El Cronista que "aunque no hay una decisión tomada, llevará la inquietud a la Casa Rodada". El también titular de la UCR estará, por lo menos, hasta el miércoles en la Ciudad de Buenos Aires.

El gobernador del Chaco Domingo Peppo también adelantó que enviará un proyecto a la legislatura "para buscar eficiencia sobre todo en lo que hace a personas que tienen interés de irse".

Mientras estas administraciones avanzan en ese sentido, hay otras que prefieren no hacer ningún cambio drástico en la masa salarial.

Según explicaron a este diario San Luis, Tucumán, Jujuy y Córdoba no modificarán por ahora su planta de empleados.

En el caso de la provincia mediterránea, su ministro de Hacienda, Osvaldo Giordano, aseguró que "Córdoba es la provincia con más bajo empleo público". La contrapartida de esto es Gerardo Morales, donde no usarán este mecanismo porque "eso se probó hace años y fue un caos social", explicaron desde el entorno del gobernador radical.

Tucumán es otra de las administraciones desde donde aseguraron que "no está previsto" tomar este tipo de medidas.