El ministro de Gobierno de la Provincia, José Luis Álvarez, se refirió a los hechos que concluyeron en la exoneración de Horacio Catena de la administración pública provincial, y que lo dejan fuera de la representación gremial de los docentes fueguinos.

“En diciembre de 2015 se dictó el decreto por el cual se exoneró tanto al señor Horacio Catena como a otros 16 docentes por los hechos de Casa de Gobierno ocurridos en 2013 por los cuales fueron condenados por la justicia”, recordó entrevistado en Fm La Isla.

El funcionario recordó que “esa exoneración es un decreto que goza de lo que se llama presunción de legitimidad y por más que uno interponga un recurso o un contencioso administrativo para revocarlo, inmediatamente debe cumplirse, eso es en la normalidad de los casos”.

La particularidad que tiene el caso de Horacio Catena es que era un dirigente sindical. “Para poder hacer efectivo ese decreto que goza de presunción de legitimidad, se debía remover la tutela sindical a través de un proceso judicial que se llevó a cabo en 2016 y finalizó este año”, expresó Álvarez.

Sin embargo remarcó que “eso no quita que ellos, tanto el señor Catena como los otros involucrados, están tramitando un proceso contencioso administrativo que no suspende los efectos del proceso de exoneración”.

Y remarcó que en el caso de que la justicia juzgue a favor de Catena en ese proceso “el efecto de la revocación de un acto administrativo es que se vuelve hacia atrás, si se logra la nulidad del acto administrativo, pero para eso deberá demostrarse en un juicio que los hechos que se le imputan para aplicar la sanción máxima que es la exoneración de la administración no ocurrieron o no eran de tal gravedad que justificaran la exoneración, situación que dados los antecedentes del caso”.

Para el ministro de Gobierno “es muy difícil que se pruebe que no eran hechos de gravedad, la toma de Casa de Gobierno es un hecho que para cualquier empleado implica un desconocimiento de la autoridad de su empleados que es el propio Gobierno. Es muy difícil que la justicia entienda que se le pueda aplicar una sanción menor”.

Además indicó que “a partir de que se notifica del decreto de la Gobernadora Bertone que levanta el efecto suspensivo que gozaba por el tema de la tutela sindical, automáticamente deja de ser empleado público, dejará de tener que prestar su trabajo y el derecho de percibir remuneración”.

En el caso de la representación gremial sostuvo que “se produce una situación que es para todos los sindicatos, el primer requisito que uno tiene para ser representante sindical es ser trabajador de la actividad y en este caso lo que pierde es la calidad de empleado público. Las cuestiones internas de los sindicatos y cómo las diriman no podemos intervenir”.

“Hay que ver el ámbito de representatividad que tiene SUTEF, si el gremio tiene representatividad en el ámbito privado y él prestara servicios en un establecimiento educacional privado podría mantener la representación gremial”, evaluó.

En cuanto a los plazos que siguen señaló que “nos llevó dos años el proceso que debería ser muy breve que es la remoción de la tutela sindical y recién está en primera instancia en el juzgado del doctor Penza, estimo que un proceso contencioso administrativo es mucho más largo y hasta que ese proceso no se resuelva Horacio Catena está fuera de la administración pública”.

Finalmente señaló que el hecho de que se trate de un proceso que ha atravesado dos Gobiernos “es un tema que nos planteamos como crítica y en las charlas que tenemos con el poder judicial a los fines de agilizar los procesos, por eso entendemos que los procesos deberían garantizar la celeridad y estamos trabajando en ese sentido, llevamos esa gran critica al poder judicial, para evitar este tipo de situaciones”.