El viernes pasado el Tribunal de Juicio resolvió aplicar una pena de 15 años de condena contra Lucas Gómez por la muerte de Agustina Varela, un crimen ocurrido hace once años atrás en Río Grande. La causa, llevó dos juicios en los que Gómez resultó absuelto, sin embargo luego de la última casación de la querella intervino el Superior Tribunal de Justicia y retrotrajo la decisión adoptada en el segundo juicio en base a las pruebas que analizaron los jueces y se determinó que el acusado era culpable del delito de homicidio simple, ordenando que se fijara una pena. Fue finalmente lo que ocurrió hace tres días.

Francisco Giménez, abogado de Lucas Gómez, dijo esta mañana en Radio Nacional Ushuaia que “todo lo que pasó en la causa de Lucas sorprende” al considerar que el crimen de Agustina Valera es “la gran vergüenza de la justicia de Tierra del Fuego”.

“Es una decisión inédita, sorpresiva y arbitraria, se conjugan una serie de circunstancias que no se han dado en ningún tribunal del país, en contra de propia jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó Giménez respecto a la resolución adoptada el viernes pasado que condena a su defendido.

Según el abogado defensor “sorprende esta pena porque la imponen jueces que consideraban, que pensaron y sostuvieron que Lucas Gómez era inocente, es decir, dos de los tres jueces que impusieron la pena habían votado en su momento por la absolución de Lucas Gómez y ahora alegremente le imponen 15 años a una persona que antes consideraron inocente”.

En este orden opinó que “esto es parte de este mamarracho impresentable que ordenó el STJ pero no en su composición original ya que hubo una serie de subrogancias, y si hay que ponerle nombre y apellido son los jueces subrogantes de la Cámara de Apelaciones de Río Grande, De Martino, Löffler y Martín”.

El letrado recordó que Lucas Gómez llevaba once años de proceso sometido a dos juicios orales en los cuales fue absuelto en ambos. “Juicios orales que llevaron una discusión de 40 días cada uno, donde se debatió y se tomó testimonio a cada uno de los testigos, hasta vinieron peritos de la Corte Suprema de la Nación y los jueces que presenciaron ese debate llegaron a la conclusión de que Lucas Gómez era inocente. El STJ anuló el primer juicio y dijeron que se había valorado mal la prueba y que debía hacerse un nuevo juicio para resguardar el derecho de la víctima. En ese mismo fallo los jueces dicen que no lo pueden condenar porque le estarían violando el derecho a un nuevo juicio y la revisión del imputado. Lo dijeron en la causa de Lucas Gómez y también en la de Lucas Prada. Vamos a un nuevo juicio a pesar de que considerábamos que no se podía, donde nuevamente Gómez es absuelto. Un nuevo recurso ante la Corte Provincial, llegan a la conclusión de que hay que emitir una condena violándole todos los derechos a Lucas Gómez que tiene dos absoluciones en su haber”, repasó.

Giménez reprochó que además “los mismo jueces negaron la posibilidad de que la pena sea revisada por la Corte Suprema de Justicia, con lo cual la única posibilidad que queda es un recurso de queja, que es lo mismo que salir por la ventana y llegar a Buenos Aires para denunciar lo que está pasando”.

En este sentido afirmó que “hay muy pocos antecedentes de recursos de queja en el país, porque la vía normal es entrar por la puerta a la Corte, pero esas son las circunstancias que nos dejan hoy”.

Incluso señaló que “uno  de los jueces, Duarte, reconoció ante Lucas Gómez que sabe que es inocente pero que tiene que cumplir una orden del STJ”. “Lo absolvieron hace dos años y hoy con una perversidad pocas veces vista esta integración del STJ ordena a las mismas personas que lo absolvieron decir que impongan una pena, e imponen 15 años”, agregó.

De esta forma, el abogado anticipó que “lo que puede pasar con Lucas Gómez, es que continuando con la arbitrariedad de condenar a una persona dos veces absuelta, lo dejen preso y la Corte Suprema dentro de cinco o seis años resuelva y Gómez salga inocente, y sin embargo haya cumplido la pena, lo cual es absolutamente injusto al haberlo tenido tantos años sometido a proceso”.

“Conociendo a De Martino no va a dar un paso atrás en su arbitrariedad, porque saben que lo hicieron está mal y es contrario a derecho, pero van a redoblar la apuesta y cerrarnos los caminos para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vamos a tener que saltar por la ventana para llegar porque lo que hicieron saben que no lo pueden hacer. No hay discusión respecto a esto, y lo que pretenden es constituir un Tribunal ad doc, con otros jueces para que revisen nuevamente el caso de Lucas Gómez. No hay que ser muy perspicaz para intuir que van a decir jueces subalternos sobre un fallo del Superior”, sumó.

¿Cómo continuará el caso? El objetivo final de Gómez y su abogado son los jueces que ordenaron su condena. “Ahora estamos ante la urgencia tratando de amagar el juego, lo que tratamos es de salir de Tierra del Fuego para que la Corte Suprema aprecie su propia jurisprudencia, y que confirme que esto no se puede hacer. Sabemos que finalmente esto va a suceder con el tiempo y que luego nos vamos a sentar tranquilamente a pensar en De Martino, Löffler y Martín, que no pueden ser jueces de la provincia por lo que hicieron en este caso y la arbitrariedad con la que se manejaron, de los cuales dos ni siquiera leyeron la causa penal y adhirieron a lo que fijó uno de ellos”, agregó el abogado.

“Cuando la Corte Suprema de Justicia resuelva nos vamos a ocupar con un jury, una denuncia penal por prevaricato y seguramente a la provincia porque es responsabilidad también del Estado”, añadió.

Finalmente Giménez sostuvo que “acá hay un terrible homicidio, y esta causa es la vergüenza del poder judicial de Tierra del Fuego, un terrible homicidio que ocurrió hace once años, los jueces, fiscales y todo el aparato judicial que estaba de turno cuando se avisó que llegó una chiquita al hospital con una terrible paliza y ningún funcionario se acercó al Hospital a verla. Se cometieron infinidad de irregularidades, pruebas que no se resguardaron y que se perdieron, y un testigo que dijo haber sido presionado. Todo esto pasó dentro de la provincia y la responsable es la justicia de Tierra del Fuego”.