El Gobierno provincial elevó a la Legislatura el proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional N° 27.499, bautizada 'Ley Micaela', que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

La 'Ley Micaela' fue sancionada el 19 de diciembre de 2018 y establece "la capacitación obligatoria en género para los integrantes de los tres Poderes del Estado en todos sus niveles y jerarquías, considerándose falta grave la negativa a participar de la misma".

Asimismo, establece que la elaboración de los correspondientes materiales y/o programas deberá "...regirse por la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que establecen al respecto los organismos de monitoreo de las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país".

Como se recordará, esta ley fue bautizada en memoria de Micaela García, una joven militante entrerriana quien fue víctima de femicidio en el año 2017, y su objetivo es "cumplir con obligaciones asumidas por el Estado Argentino mediante la suscripción de instrumentos internacionales que ostentan rango constitucional y a dar respuesta a las demandas de una sociedad cada vez más consciente de la necesidad de eliminar de una vez por todas patrones culturales cuyas consecuencias atentan contra la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres".

"En las últimas décadas los Estados y la comunidad internacional han debido contemplar normativas e instrumentos específicos que trasciendan la mera igualdad formal y reconozcan como una situación estructural de hecho merecedora de especial preocupación la vulneración de derechos que sufren las mujeres como tales, previendo en tal sentido, políticas activas tendientes a eliminar la brecha de inequidad que las afecta", señala el proyecto de adhesión a la ley nacional presentado por el Gobierno ante la Legislatura.

Y agrega: "Esta notoria asimetría de poder que se extiende al ámbito de todas las relaciones sociales, en las que la mujer como tal constituye su extremo débil, tiene su raíz en patrones culturales que encubren relaciones de dominación definidas por roles asignados dentro de la sociedad y la familia tanto a mujeres como a hombres, y que aún se encuentran profundamente arraigados en nuestra sociedad, que naturalizan una concepción rayana con la deshumanización de la mujer, llevan a la vulneración de sus derechos y generan el caldo de cultivo para ía violencia y la muerte".

De acuerdo al proyecto, esta situación "en los últimos años no han hecho más que visibilizarse, saltar a la escena pública e instalarse en la agenda de la sociedad, movilizándola para conseguir un cambio", por lo que "entre las medidas específicas que el Estado argentino se obligó a adoptar con miras a eliminar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres se cuenta la educación y capacitación del personal estatal".

El proyecto de adhesión, que lleva la firma de la gobernadora Rosana Bertone, detalla que "a nivel provincial, desde nuestra gestión de gobierno, se han tomado diversas medidas tendientes a garantizar el ejercicio de los derechos humanos con un enfoque de género", mencionando entre ellos la creación de la Subsecretaría de Políticas de Género "jerarquizando el área dedicada al tema en cuestión, dotándola de mayores recursos humanos, físicos y edilicios, todos ellos necesarios para llevar adelante la labor encomendada".

"Asimismo, en ei año 2017, luego de un arduo trabajo llevado adelante durante el transcurso de 2016, se aprobó mediante el Decreto Provincial N° 616/17 el "Protocolo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género" de aplicación obligatoria para agentes de la administración pública provincial y de aplicación directa a para los Ministerios de Desarrollo Social, Salud, Educación y Secretaría de Seguridad. Ese mismo año, la Provincia adhirió al Plan Nacional de acción para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019", señala la mandataria.

Además, da cuenta sobre "numerosos encuentros y capacitaciones para el personal del Estado, destacándose aquellas llevadas adelante para el personal de salud y de las fuerzas de seguridad, y se implementó el Programa "Perspectiva de Género, violencia y diversidad" en varias escuelas de la Provincia, el cual consiste en jornadas de capacitación promoción y sensibilización sobre el tema en cuestión".

"A su vez, que desde hace dos años la Subsecretaría de Políticas de Género viene sosteniendo, en articulación con la Secretaría de Salud Mental y Adiciones del Ministerio de Salud, el acompañamiento a "nuevas masculinidades"; esto es, grupos de apoyo a hombres que ejercen o hayan ejercido violencia, además de los Grupo de Apoyo a Mujeres que se realizan desde hace más de tres años sostenidamente en las diferentes ciudades", agrega el proyecto.

Y remarca: "La sanción del presente proyecto de ley vendrá a sumarse a los esfuerzos llevados adelante hasta ahora en todos los ámbitos de la actividad estatal, aportando una política fundamental, permanente y obligatoria para todos los servidores públicos, con potencial para generar un cambio positivo para todos, tanto en el ámbito de las relaciones laborales dentro del Estado como en el desarrollo de políticas públicas, en la atención a la ciudadanía, en la eliminación de toda forma de violencia institucional contra las mujeres y en la formación de agentes de cambio que multipliquen su voz en la sociedad".

¿Cómo se implementará en Tierra del Fuego?

De acuerdo al proyecto del Gobierno, que consta de 7 artículos, la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres "será obligatoria para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías en los Poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial", estableciéndose que la autoridad de aplicación de la ley de adjesión será la Subsecretaría de Políticas del Género que depende del Ministerio de Desarrollo Social.  Los poderes judicial y legislativo establecerán su propia área como autoridad de aplicación.

"Cada Poder del Estado a los efectos del diseño, implementación y evaluación de las capacitaciones obligatorias previstas en la Ley Nacional N° 27.499, podrá suscribir convenios y coordinar acciones con otros poderes del Estado y organismos públicos vinculados a la temática de género y violencia contra las mujeres", especifica el proyecto.

Además, cada organismo -en su página web institucional- deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley, estableciendo también que "en la página se identificará a ios responsables de cumplir con las obligaciones que establece la presente ley en cada organismo y el porcentaje de personas capacitadas, desagregadas según su jerarquía".

Finalmente, el proyecto del Gobierno invita a los Municipios de la Provincia "a sancionar regímenes normativos análogos a los de la presente ley".