El abogado que representa a los trabajadores de la construcción denunciantes del intendente de Río Grande, Gustavo Melella, imputado por el fiscal Guillermo Quadrini del presunto pedido de favores sexuales a cambio de empleo, acusó ayer al juez de la causa de “frustrar la investigación”, por entregarle al funcionario “copia entera del expediente”.

Francisco Giménez confirmó en declaraciones al Diario del Fin del Mundo que el juez de Instrucción Nº2 de Río Grande, Raúl Sahade, aceptó el pedido de la defensa de Melella, ejercida por el abogado Francisco Ibarra, de acceder a la totalidad de las actuaciones, “en abierta violación a las leyes procesales que lo prohíben”, dijo.

“En esta etapa clave de la investigación, las actuaciones son secretas para el denunciado. En todo caso podría acceder en los momentos previos a la indagatoria, pero nunca antes”, señaló el letrado.

Giménez explicó que, debido a esta situación, el intendente tomó conocimiento “de las declaraciones completas de las víctimas, de sus domicilios y de sus números telefónicos, además de todas las medidas de prueba solicitados por las partes”.

“Es la primera vez en mi vida profesional que al imputado de un delito le dan copia íntegra del expediente antes de la indagatoria. Es inaudito e ilegal. Nunca me imaginé que pudiera suceder”, se quejó el abogado.

Además, precisó que en la misma resolución, el juez Sahade “mandó a investigar a las víctimas, solicitando datos al Municipio, la AFIP y la ANSES, pero no hizo lugar a las medidas solicitadas por el fiscal, como el cruce de los llamados telefónicos entre las víctimas y el victimario”.

Sahade aceptó la solicitud de la defensa el pasado viernes 19 de octubre, aunque la medida fue notificada el lunes 22 a las partes, y no se sabe si el intendente ya tuvo acceso a las copias requeridas.

El juez también ordenó un “minucioso informe” al Tribunal de Cuentas del Municipio para que detalle cómo se controlan los procesos licitatorios de obra pública en el municipio, las obras que se efectúan por contratación directa, y en el caso de realizarse por muestreo, cómo se confecciona ese muestreo.

Incluso el magistrado pretende que el organismo de control responda por qué el municipio no le remitió los expedientes sobre las obras que dieron origen a la denuncia presentada por Giménez sobre trabajos facturados y no realizados, y que luego derivaron en las denuncias de acoso sexual de los trabajadores.

En relación al acceso al expediente por parte de Melella, el artículo 186 del Código Procesal de Tierra del Fuego establece que “el sumario será público para las partes y sus defensores, que lo podrán examinar después de la indagatoria”.

Abogados de la provincia consultados por EDFM, señalaron al respecto que “según el Código, el imputado no puede tener acceso al expediente hasta la indagatoria. Algunos juzgados permiten el acceso equiparando la declaración espontánea con la indagatoria. Pero aún ese caso, debería recibirse de inmediato la declaración, y no permitir que se especule o se controle el expediente por parte del acusado”.

En definitiva, “lo lógico es que el juez permita ver el expediente al imputado después de la citación a indagatoria o antes de declarar efectivamente, así se puede defender mejor. Algunos juzgados se lo dejan ver desde que están denunciados (salvo que se declare secreto) en una práctica errónea y cada vez más extendida”, indicó la fuente.

A raíz de esta situación, Giménez presentó ayer un nuevo escrito ante el juez Sahade, donde solicitó que en el futuro “prohíba el acceso a las actuaciones de Melella y su defensor”.

“La gravedad de su inaudita medida, y la inacción ante las medidas de prueba solicitadas por la querella y la fiscalía, a fin de avanzar en la comprobación del hecho ilícito denunciado, ponen en evidencia una palmaria parcialidad que claramente tiende a favorecer procesalmente al imputado en detrimento de los denunciantes”, asevera la presentación del letrado.

Y agrega que “lamentablemente las copias de la causa ya se las entregó y el daño está hecho, ello no se podrá remediar, pero en lo sucesivo ajuste su accionar a la normativa procesal”, exhorta el abogado.

Por su parte ni Melella ni su abogado defensor, Francisco Ibarra, hicieron comentarios todavía sobre la decisión del magistrado.

La causa investiga si el intendente fueguino les pidió favores sexuales al menos a tres trabajadores de la construcción, a cambio de contratarlos para realizar obras públicas, primero, y para cobrar por esos trabajos, después.