La policía provincial tomó intervención por la denuncia del titular de la tarjeta y la información provista por el comerciante de la ciudad de Ushuaia. A partir de esta denuncia se realizó un allanamiento y se detuvo a tres de los cuatro miembros. Como uno de los delincuentes logró salir de la isla, la investigación derivo en un nuevo allanamiento en la ciudad de Buenos Aires junto a la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El secretario de Estado de seguridad, Javier Eposto señaló que: “sabíamos que esto era más grande de lo que parecía en un primer momento, por el grado de profesionalismo delictivo que veíamos en las clonaciones de las tarjetas. Los clonadores tenían su cueva en Buenos Aires, en un departamento del barrio de Palermo. El laboratorio se encontraba ubicado en un departamento de alquiler temporario ubicado en la Av. Córdoba al 6000. Por eso, coordinamos el trabajo con la policía de la Ciudad de Buenos Aires. El área de ciberdelitos de la Ciudad de Buenos Aires destacó el trabajo de nuestra policía provincial porque permitió darle el golpe final a una banda que venía delinquiendo desde hacía tiempo”.

El operativo se llevó adelante junto a la Oficina del Ciberdelito contra el Sistema Financiero. Se trabajó junto al subcomisario Victor Vega, responsable del operativo en la ciudad de Buenos Aires. En el operativo se detectaron bandas magnéticas, conectores de ingreso, skimmer (dispositivo que extrae la información de la tarjeta, es un lector de banda magnética), computadoras, notebook, documentación falsa, boquillas, tarjetas en blanco e impresora de tarjetas.

La banda estaba compuesta por cuatro personas. Uno que se dedicaba a clonar, con conocimiento de sistemas. Los otros tres se dedicaban a buscar información de las víctimas en distintas entidades bancarias por medio de conectores de ingreso (que se colocan en el lugar de ingreso de las tarjetas) y boquillas (aparatos que se colocan en las puertas de los bancos).

Mientras continúa la investigación, la jueza Dra. Barrionuevo requirió a la Cancillería que averigüe ante el Poder Judicial de Brasil, la titularidad de las huellas dactilares de los detenidos. Esto se debe a que se tiene todavía dudas sobre la identidad real de estas personas.