Los cuatro gobernadores que recurrieron al Máximo Tribunal de la Nación para frenar la caída del también llamado Fondo de la Soja fueron Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Mariano Arcioni (Chubut) y Lucía Corpacci (Catamarca).

A cierto malestar general porque los montos de compensación, $4.125 millones que dispuso el Gobierno nacional, son menores que lo que hubiese correspondido por la coparticipación del FFS se suman motivaciones ligadas a la estrategia judicial, señala Ámbito Financiero.

Estas provincias no quieren que aceptar los fondos que dispuso Nación para darles continuidad a las obras que se ejecutaban con aportes del FFS sea visto como un consentimiento también a la eliminación del fondo sojero, interpretación que iría en contra de amparos presentado ante la Corte.

La compensación del Gobierno nacional es sólo por los montos que las provincias debían percibir en 2018, ya que las partidas del año próximo que dejarán de repartirse son parte de otra negociación que gira en torno al Presupuesto nacional y donde se prevé que el aumento de impuestos coparticipables sea el contrapeso.

En este último escenario, uno de los mandatarios que insiste con que se mantenga el FFS en el electoral 2019 es el peronista tucumano Juan Manzur, quien estuvo entre los primeros en rechazar el decreto presidencial. Y aunque había advertido antes que sus pares sobre pedir el freno ante la Corte, Tucumán desistió luego de ir a la Justicia.

En esta lógica, la sesión especial en el Congreso Nacional para buscar un rechazo al decreto fue motorizarizada por Pablo Yedlin, una espada del gobernador tucumano en la Cámara de Diputados.

Tras el anuncio de los $4.125 millones que negoció el Gobierno con el PJ, y que hizo caer la sesión en Diputados, fueron los intendentes del FpV, quienes se quejaron por una compensación que, dicen, no alcanza para equilibrar las pérdidas por la anulación del FFS.

Por eso, de prosperar las intenciones de las provincias, los gobernadores podrán abrir también un frente interno, ya que el 50% de esas remesas deberán repartirse a los municipios, de acuerdo con el propio régimen de coparticipación de cada distrito.

Difícilmente los intendentes acepten las batallas provinciales, si bien de forma conjunta los municipios también hicieron planteos judiciales para evitar el deceso del FFS.

Excepto que los mandatarios acuerden financiar obras, como ya han manifestado algunos gobernadores antes de conocerse la compensación nacional. En este contexto, necesitan dinero fresco. Las dificultades en varias intendencias llevaron incluso a que jefes municipales rogaran a mandatarios aval para desviar fondos destinados a obras a pagos de sueldo y ayuda social.