viernes 16 de noviembre de 2018 - Edición Nº788
Critica Sur » Policiales y Judiciales » 13 sep 2018

SOCIEDAD

La justicia civil confirmó una millonaria multa contra Credisur

Es por más de 7 millones de pesos más costas e intereses. Se trata de la firma vinculada en 2016 a dos ex abogados del gremio docente (Sutef), que la Justicia penal investiga por presunto fraude y usura.


La Justicia Civil de Ushuaia rechazó planteos de la financiera Credisur, vinculada en 2016 a los ex abogados del gremio docente (Sutef) Juan y Néstor Sánchez Otharán, e investigada penalmente por presuntos fraudes y usura, y confirmó una multa de más de $7 millones ($5.124.000 más $2.049.600 de intereses) que le aplicó la Secretaría de Comercio de la provincia en agosto de 2016, por violaciones a la ley de defensa del consumidor, confirmaron a este medio fuentes judiciales.

El Juzgado Civil y Comercial Nº2, a cargo del juez Gustavo González, resolvió rechazar un planteo de inconstitucionalidad de la ley efectuado por abogados de Lian Group SRL, la sociedad bajo la que figura Credisur, denegar un recurso de apelación y por lo tanto remitir las actuaciones a la “Subdirección General de Comercio Ushuaia, dependiente del Ministerio de Economía” para que se ejecute la sanción.

Según anticipó ayer Radio Fueguina, la Justicia también libró el “mandamiento de intimación al pago” de la multa, y advirtió que en caso contrario procederá a trabar embargos sobre bienes de la financiera.

La Secretaría de Comercio había aplicado la multa el 25 de agosto de 2016, luego de intervenir de oficio cuando se hicieron públicos los casos de presuntos fraudes y usura denunciados por decenas de clientes.

El área gubernamental dispuso la sanción tras llevar adelante un proceso administrativo, que incluyó el secuestro de legajos, contratos y acuerdos de préstamos entre Credisur y los clientes, en su mayoría empleados estatales.

La resolución firmada por el ex secretario Javier Calisaya, dictaminó que la financiera “infringió los artículos 4, 8 bis, 10, 36 y 37 de la Ley nacional 24.240, esto es, no suministró al consumidor de forma cierta, clara y detallada de sus servicios comerciales, los costos financieros y las tasas de interés; incurrió en prácticas abusivas y cometió irregularidades en la conformación de los documentos de compromiso de pago que firmaban los tomadores de créditos”.

También argumentó que “no se entregaron a los consumidores las respectivas copias de todos los formularios y contratos firmados, y que en muchos casos, los mismos estaban en poder de la empresa”, y que incluso “se obligaba por contrato a los trabajadores estatales que tomaban créditos, a renunciar a derechos como el de la inembargabilidad de sus haberes”.

Contra esa medida, la empresa presentó un recurso de apelación, pero se negó a pagar primero la multa, que es uno de los requisitos establecidos en la ley, con lo que la Secretaría de Comercio le denegó el recurso.

La respuesta de la firma consistió en presentar un recurso de queja, sosteniendo la presunta inconstitucionalidad del artículo de la norma que obliga a pagar primero, y fue así como las actuaciones llegaron a la instancia judicial.

Antes de la resolución del juez, ya el fiscal Eduardo Urquiza dictaminó en el expediente que la multa dispuesta en sede administrativa resultaba “razonable y acorde con las normas constitucionales”.

Después, al analizar el caso, el magistrado entendió que si bien la Corte Suprema de Justicia establece casos de excepcionalidad para el pago preventivo de las multas, por falta de recursos, ello debe ser demostrado en forma fehaciente.

Y si bien Credisur presentó un informe financiero, el juez entendió que “no puede ser tenido en cuenta” porque “no se encuentra respaldado por los estados contables de la firma ya que no se acompañaron los balances respectivos para poder cotejar fehacientemente si lo informado resulta veraz” y tampoco “ha sido intervenido por Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia”, señala la resolución judicial.

En forma paralela al pago de la multa, la Justicia penal investiga a Credisur tras las denuncias de cientos de damnificados que dijeron haber sido víctimas de fraude y usura.

Casi todos ellos declararon que pidieron préstamos por un valor, firmaron pagarés en blanco y se los ejecutaron por sumas hasta cinco veces superiores a las adeudadas, además de que en la devolución de los créditos les impusieron intereses anuales de entre el 95 y el 1400%, según el criterio adoptado para calcularlos.

Para llegar a este grupo de damnificados, la Justicia relevó todos los expedientes de Credisur que tramitan en los juzgados civiles de Ushuaia y de Río Grande.

Fuentes judiciales precisaron que en la actualidad se esperan todavía los resultados de una pericia informática, realizada sobre los datos encontrados en las computadoras de la financiera, que fueron secuestradas durante los allanamientos dispuestos en 2016.

Con posterioridad a esta medida, el juez de la causa, Javier De Gamas Soler, terminaría de indagar a los siete imputados que tiene la investigación, entre los titulares de la sociedad que maneja Credisur y los abogados contratados para ejecutar judicialmente las deudas.

Por el momento, el juez analiza dos tipos de ilícitos: defraudación por abuso de firma en blanco y usura, mientras que una posible mediación debería contar con el consentimiento de las partes y del mismo magistrado.

El caso Credisur comenzó a investigarse a partir de las denuncias presentadas por dos mujeres que plantearon situaciones similares. Una gestionó un crédito de $15 mil y la otra uno de $20 mil. En ambos casos firmaron un pagaré en blanco que después la empresa llenó por $78 mil en un caso, y por $74 mil en el otro.

Tras la difusión pública de la causa, aparecieron más denuncias.

El número de juicios ejecutivos es  sorprendente, porque implica que la compañía ejecutó casi al 16% de las personas a las que primero asistió con un préstamo.

Otro aspecto en el que podrían avanzar los investigadores es el origen de los fondos con que la financiera llevó a cabo sus actividades. El hecho de que una sociedad con 100 mil pesos de capital inicial haya podido prestar $132 millones en dos años puso en alerta a los responsables de la investigación.

En ese sentido, el juez ya remitió oficios al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y también a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para que en ese ámbito se analicen los movimientos económicos de la sociedad durante su tiempo de funcionamiento.

(EDFM)

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias

VIDEOS