La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya tratará durante los próximos días la controversia que involucra a la población de unas diminutas y lejanas islas de coral del Océano Índico que, sin embargo, puede tener impacto directo en una indiscutida prioridad argentina: la Cuestión Malvinas.

A solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el CIJ abordará la situación soportada desde hace medio siglo por los habitantes de Chagos, desterrados de su archipiélago de menos de 50 km2 cuando el Reino Unido lo desmembró del resto de las Islas Mauricio, ex colonias británicas independizadas poco después, en 1968.

En 1960, la Asamblea General de la ONU había aprobado la “Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos coloniales”, pero en 1965 Gran Bretaña separó a Chagos de Mauricio, creó una nueva y minúscula colonia, el British Indian Ocean Territory (BIOT), y se la arrendó en 1966 a Estados Unidos para instalar una base militar en su isla mayor, la Diego García.

El aislamiento del archipiélago de Chagos fue impuesto al futuro estado de Islas Mauricio por Gran Bretaña en septiembre de 1965, durante la negociaciones bilaterales de independencia en la Lancaster House de Londres, como condición para completar el proceso de descolonización.

Cuando Londres y Washington cerraron su acuerdo de arrendamiento por 50 años, con opción por otros 20 años, se esforzaron por demostrar a la comunidad internacional que no se trataba de una nueva colonia argumentando que, desterrados los chagosianos nativos,  la población del archipiélago-base nunca sería permanente.

Fue en esa época que la Cuestión Malvinas pasó a ser un caso “especial y particular” para la ONU. En nuestras islas no había un pueblo sujeto a dominación extranjera, sino un territorio usurpado en 1833 a otro Estado independiente por un poder colonialista que desalojó a la población, como en Chagos, y adicionalmente implantó a nuevos habitantes.

Desde entonces, la Asamblea General de la ONU ha convocado a Gran Bretaña y a la Argentina a negociar bilateralmente la solución de la disputa de soberanía. Pero Londres, como se sabe, insiste con la “autodeterminación” de los isleños.

En el caso de Chagos, y en un proceso que duró hasta 1973, los chagosianos fueron desplazados hacia otras de Islas Mauricio impidiendo el retorno a sus hogares. Sus reclamos, y los de su propio gobierno independizado, también persistieron desde entonces.

El espejo de Chagos

Finalmente, en 2017, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 71/292, en la que, pese a la resistencia de Gran Bretaña, solicitó a la CIJ de La Haya una "opinión consultiva” sobre el caso Chagos. El resultado de la votación fue 94 votos a favor, sólo 15 en contra y 65 abstenciones.

El tribunal internacional deberá emitir una opinión respecto a si la descolonización de la República de Mauricio, tras la separación del archipiélago de Chagos, fue completa y conforme al derecho interrnacional y, a su vez, indicar cuales son las consecuencias jurídicas de la administración británica del archipiélago en relación a la imposibilidd que enfrenta Maruicio de reasentar a los chagosianos en su territorio.

Con distintos procedimientos, el más importante dejar a Chagos sin alternativas de subsistencia, el archipiélago completo quedó totalmente evacuado de chagosianos en 1973. Por las dudas, Londres prohibió toda visita sin autorización desde 1971, cuando equipos estadounidenses demolieron todas las viviendas para levantar instalaciones militares, y aunque la medida fue revisada por tribunales británicos en 2000, fue restablecida en 2004.

Desde 1980, las Islas Mauricio denuncian formalmente que Gran Bretaña violó el derecho internacional de descolonización cuando condicionó conceder la independencia al nuevo estado sólo si renunciaba a Chagos.

Ahora, como parte del proceso de revisión del caso solicitado por la ONU, la Corte de La Haya abrió la posibilidad de proporcionar información útil sobre la cuestión al resto de los estados miembros de la ONU.

Por ello, en marzo pasado Argentina hizo una presentación en la que denunció la situación de Chagos como un caso de desmembramiento territorial que involucra principios de fundamental relevancia para el reclamo de soberanía sobre todas las islas del Atlántico Sur.

Argentina ratificó la competencia de la ONU en materia de descolonización, el principio de integridad territorial afectado en las islas del Atlántico Sur y la obligación de los Estados de negociar y no realizar actos unilaterales contrarios al proceso iniciado en 1960.

Las audiencias sobre las "Consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965" comenzarán este lunes 3 de septiembre y continuarán hasta el jueves.

Chagos es un espejo para la Cuestión Malvinas. Nuestra Constitución establece como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación de las Malvinas “respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional”. La ONU insta a respetar los “intereses” de los isleños.

Londres, en cambio, exige respetar los “deseos” de esa población implantada en Malvinas. Pero deseos no son “intereses” y es lo que queda en evidencia cuando se trata del Caso Chagos. Los chagosianos también tenían “deseos”, de seguir perteneciendo a Mauricio, pero Gran Bretaña impuso sus propios “intereses” y los desalojó para proceder al arrendamiento.

Porque le conviene, Gran Bretaña alegó en la ONU sobre el Caso Chagos que "se necesitan conversaciones bilaterales para resolver las diferencias bilaterales". Londres "no consentiría que la disputa bilateral fuera sometida a un acuerdo judicial", sostuvo la representación británica. Pero, ¿por qué no en Malvinas?

La Corte Internacional se expedirá sobre Chagos en 2019 pero sus conclusiones pueden ser lo suficientemente determinantes para la Cuestión Malvinas como para darle ya un lugar especial al caso en nuestra agitada agenda pública.    

*Jorge Argüello, Secretario de Estado para la Cuestión Malvinas. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.-