martes 16 de octubre de 2018 - Edición Nº757
Critica Sur » Legislatura » 5 ago 2018

política

Legisladores del MPF presentaron un proyecto para evitar cortes compulsivos de luz y gas

A raíz de las diferentes medidas que el Gobierno nacional está tomando contra Tierra del Fuego, desde el Movimiento Popular Fueguino (MPF) presentaron dos proyectos para impedir que las empresas prestatarias de gas y energía eléctrica continúen con el corte del servicios en aquellos hogares que poseen deuda.


El legislador Damián Löffler, con el acompañamiento de sus pares de bloque, presentó un proyecto que busca preservar el derecho de los consumidores de gas natural y electricidad “pensando en los sectores vulnerables y por el otro, para rechazar la decisión del Gobierno nacional de recortar las asignaciones familiares”.

En sus considerandos, la propuesta remarca “el carácter esencial que reviste del suministro de gas domiciliario, y mucho más aún en nuestra Provincia austral” y en virtud de los aumentos de tarifas dispuestos por el Gobierno nacional y la caída del empleo “muchas familias han sufrido también el corte en este servicio tan básico”.

De este modo, el proyecto busca “atender a la necesidad humanitaria urgente de los usuarios consumidores y de sus familias, que no sólo se ven afectados por las elevadas tarifas sino también por las decisiones -en algunos casos intempestivas- de las empresas prestadoras de los servicios”.

“Esto surge en virtud de que ha habido casos, denunciados por los usuarios en que el gas se corta en horas de la madrugada con el perjuicio que esto implica para las familias que se ven afectadas por esta decisión”, sostuvo.

Por lo tanto con la sanción de la Ley se busca que “durante el período de temporada invernal, en forma previa a la suspensión o interrupción del suministro domiciliario de electricidad y gas natural por falta de pago, las empresas prestadoras deberán comunicar la situación a la autoridad administrativa competente en materia de Defensa del Consumidor correspondiente al domicilio del usuario”.

En dicha comunicación se deberá consignar: nombre y domicilio del usuario, número de medidor y montos y períodos adeudados; debiéndose adjuntar las intimaciones efectuadas en forma previa a la determinación de la suspensión o interrupción del servicio. Efectuada la comunicación, la autoridad administrativa competente en materia de Defensa del Consumidor dispondrá la citación del usuario a fin de que formule el correspondiente descargo".

Y posteriormente, "el usuario podrá solicitar, o bien cuando -por las circunstancias del caso- la autoridad administrativa de Defensa del Consumidor lo considere pertinente (atendiendo a la situación de vulnerabilidad del usuario o de su grupo familiar), la intervención a las autoridades municipales y provinciales con competencia en asuntos sociales, y en materia de protección de la niñez, adolescencia y la familia".

Finalmente, Löffler entre los considerando de la propuesta también mencionó lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia señalando que "el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios" además, señala el mismo fallo, "resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos.

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