Con los cuatro expedientes cuestionados en mano de cada uno de los parlamentarios, esta mañana se llevó adelante un encuentro reservado de la comisión de Seguridad para terminar de cerrar la polémica por compras de equipamiento policial realizadas por la Secretaría de Seguridad.

La reunión presidida por la Legisladora Angelina Carrasco, contó con la presencia -además de los parlamentarios- del Secretario de Seguridad de la Provincia, Javier Eposto, y el Jefe de la Policía Provincial, Nelson Moreyra.

La polémica se desató hace ocho meses cuando en una comisión por el Presupuesto 2018 para el área, se produjeron dificultades del ex secretario de Seguridad (Ezequiel Murray) para explicar compras secretas de cuatro expedientes que correspondían a elementos para la prevención del delito de la Policía Provincial.

“Recién acaba la reunión convocada por la Presidenta de la Comisión de Seguridad (Angelina Carrasco), de una vez por todas nos pudimos hacer de copias de estos cuatro expedientes por los cuales se tramitaron estas contrataciones secretas por aproximadamente 24 millones de pesos”, dijo esta mañana en Fm Aire Libre luego de la reunión el legislador Pablo Villegas, uno de lo que más cuestionó el tema y lo llevó incluso a la justicia donde fue desestimado.

En este orden indicó que “lo tomamos como un verdadero resultado positivo después de un trabajo de más de ocho meses que no debió tener nunca esta demora, por cuanto todos los funcionarios están obligados a rendir cuentas y a poner a disposición las actuaciones administrativas de manera adecuada, inmediata y oportuna, cosa que en este caso no sucedió”.

Villegas dijo que “a partir de ahora vamos a tener la posibilidad de hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los expedientes y en el caso tomar las determinaciones que correspondan”.

Sin embargo valoró que “estamos conformes con la reunión, es positivo que quedó muy en claro que por encima de la Constitución no hay ningún funcionario, todos tenemos la obligación de rendir cuentas y de que exista un sistema de control efectivo y útil entre los distintos poderes del Estado”.

Asimismo señaló que “realmente salvo dos casos puntuales de adquisición de elementos que tienen que ver con la compra de cierta tecnología para la prevención del delito, todas las demás contrataciones no ameritan ni encuentran legitimidad en que hayan sido contrataciones secretas”.

“Es importante lo que sucedió hoy no solo porque hemos logrado este resultado los legisladores del MOF que fuimos a la justicia, sino para los fueguinos en general, porque el acceso a la información pública es un derecho reconocido por la Constitución”.